Aulas o adoctrinamiento: la batalla por el derecho a elegir

Cada septiembre el Estado comete el mismo crimen con precisión industrial: arrebata a los niños de la única libertad que han conocido -el verano- y los devuelve al rebaño. Es el momento en que recupera el control sobre las mentes que se le habían escapado temporalmente.

La escuela controlada por el poder no está pensada para educar. Está pensada para fabricar ciudadanos obedientes. Ciudadanos que paguen impuestos sin quejarse, que acepten lo que les digan y que, si hace falta, vayan a una guerra sin preguntar por qué. Eso no lo digo yo. Lo dijeron los que la inventaron. El objetivo nunca fue formar personas libres. Fue homogeneizar, disciplinar, adormecer individualismos y crear súbditos.

Mientras tanto los padres celebran que «por fin vuelven a clase», como si les estuvieran haciendo un favor. Y el sistema sonríe, porque sabe que otra generación más va a salir convencida de que pensar por cuenta propia es peligroso y de que la verdad oficial es la única posible.

La solución no es reformar el sistema uniformado. La solución es dejar de entregarle a tus hijos sin dudar, romper el monopolio. Exigir el derecho a elegir.

La escuela dirigida por el Estado no educa, fabrica segundones. Toma la chispa de la razón que todo niño posee y la apaga bajo uniformidad y miedo a destacar. Les enseña a vivir de segunda mano: a repetir lo que les ordenan, a sentir lo que les indican, a odiar al que se atreve a pensar por sí mismo. Y lo hace con el dinero de los padres, obligados a sufragar el sistema que esclaviza las mentes de sus hijos, y con la complicidad de quienes llaman «derecho» a este secuestro sistemático de la mente.

En España no hay educación privada de verdad. El contenido del currículo y todo lo que tiene que aprenderse en los diferentes colegios viene decidido por el Estado.

El tema es muy sencillo, aunque la gente se empeñe en complicarlo. ¿Quién es el dueño de los hijos? ¿El Estado o los padres? Porque si los hijos son del Estado, entonces el Estado tiene todo el derecho del mundo a decidir qué se les enseña, cómo se les enseña y para qué se les enseña. Pero si los hijos son de los padres —y lo son—, entonces son los padres los que tienen el derecho y la obligación de decidir qué tipo de educación quieren para ellos, sin los límites coercitivos de las leyes educativas que obligan a uniformar contenidos.

La libertad educativa no es un privilegio. Es la condición mínima para que un ser se desarrolle en plenitud según sus capacidades y potenciales.

Una educación bajo control estatal no es neutral. Nunca lo ha sido. Nació con un objetivo muy claro: crear una cultura oficial y fabricar ciudadanos obedientes. No para que piensen, sino para que acepten. No para que cuestionen, sino para que obedezcan. Eso no es una teoría conspirativa. Es historia. Está documentado desde Jules Ferry hasta Horace Mann.

Por eso el control del currículo es tan importante para el poder. Quien controla lo que se enseña controla lo que la gente va a creer dentro de veinte años. Y el Estado, como es lógico, no quiere soltar ese control.

Ahora bien: ¿qué es lo justo? Lo justo es que cada familia pueda elegir. Que si unos padres quieren una educación clásica, la tengan. Que si quieren una educación religiosa, la tengan. Que si quieren educación en casa, la tengan. Y que si quieren una escuela experimental o técnica, también. Sin que un funcionario les diga qué es «aceptable» y qué no.

La libertad educativa no es un capricho. Es la consecuencia lógica de dos cosas:

1. Que los hijos no son propiedad del Estado.
2. Que el conocimiento y los valores no pueden ser monopolizados por nadie, y menos por el poder político.
3. Cuando el Gobierno decide qué se imparte en todos los colegios, no está protegiendo a los niños. Está protegiendo su propio relato. Y eso, por su propia definición, es lo contrario de educar.