La aplicación de la ley divide a los golpistas

La unión de los golpistas comienza a hacer aguas a pesar de los apoyos que, en forma de prebendas políticas y económicas, les ha concedido Pedro Sánchez. Resulta muy simbólico lo que ha sucedido este martes en el Parlament, donde las fuerzas independentistas han quedado en minoría al no alcanzar un acuerdo para reivindicar la «autodeterminación» de Cataluña y la reprobación del Rey. Siempre es una buena noticia para España que la aplicación de la ley divida a los independentistas. Una prueba más de que el Gobierno podría combatir con efectividad las veleidades sediciosas si decidiera aferrarse a la estricta aplicación de las normas constitucionales. Dichas leyes siempre acaban disuadiendo a los que pretenden quebrantarlas si se aplican de manera rigurosa y sin concesiones.

La ruptura del acuerdo entre JxCat y ERC no hace sino simbolizar las grietas del mal llamado procés. Un golpe de Estado de facto que, al margen de la evidente ilegalidad, cada vez carece de menos sentido social, político y económico. Sólo los independentistas más radicales, caso de la CUP y los kale borroka CDR, pueden encontrar algún sentido —por kamikaze que sea— a vivir en la constante confrontación contra el Estado. Deberían darse cuenta de que a la hora de la verdad, y tras comprobar lo que ha sucedido con los golpistas encarcelados, ni JxCat ni ERC volverán a forzar la situación con el Tribunal Supremo. El nerviosismo resulta evidente. Sólo hay que ver el vergonzoso espectáculo machista que ha brindado Gabriel Rufián durante la comisión sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular.

El diputado de ERC ha llegado a calificar de «palmera» a la popular Beatriz Escudero y después le ha guiñado un ojo. Si esas son las formas de mostrar el teórico sentir de una parte de la sociedad catalana, entonces han escogido a los peores representantes posibles. Caso idéntico al del xenófobo Quim Torra, cuyas bravatas ya han tenido una seria advertencia. El Tribunal Superior de Justicia ha señalado que cometió un delito de odio al llamar «bestias» a algunos españoles y que sólo se salva porque ha prescrito. El problema es que ninguno de estos políticos piensa en el bien general de los catalanes, sino que están cegados por las ambiciones propias. De otra forma, esta insoportable tensión propiciada desde el otro lado del Ebro dejaría de ser la forma preponderante de relacionarse con el resto de España.