Por qué España necesita un Instituto de Gobernanza de la Movilidad

La movilidad se ha convertido en una de las grandes materias de transformación económica, social y territorial de nuestro tiempo. Durante años hemos hablado de electrificación, bicicleta pública, última milla, plataformas digitales, zonas de bajas emisiones, nuevas formas de distribución urbana… Sin embargo, todas esas realidades tienen algo en común que a menudo se olvida: no ocurren en un espacio abstracto, sino en el espacio público.

Y cuando una actividad económica, tecnológica o social se desarrolla en el espacio público, necesita reglas públicas claras.

España cuenta con una enorme capacidad empresarial, tecnológica e institucional en materia de movilidad. Tiene ciudades que han ensayado soluciones avanzadas, operadores que han innovado en servicios, administraciones que han desarrollado políticas pioneras y empresas que están entendiendo que la movilidad ya no es solo transporte, sino también datos, energía, logística, urbanismo, sostenibilidad y calidad de vida. Pero junto a esa energía innovadora existe una carencia evidente: falta un espacio estable, independiente y especializado donde pensar la regulación de la movilidad con anticipación, rigor y visión de conjunto.

Ese es el vacío que pretende cubrir el Instituto de Gobernanza de la Movilidad.

La nueva movilidad no puede construirse únicamente desde la reacción normativa. No basta con regular cuando el conflicto ya ha aparecido, cuando el servicio ya está desplegado, cuando la tecnología ya ha ocupado la calle o cuando los operadores públicos y privados ya están enfrentados en torno a un nuevo modelo de negocio. La regulación de la movilidad debe dejar de ser una respuesta tardía para convertirse en una herramienta de gobernanza, de planificación, de seguridad jurídica y de generación de confianza.

La aprobación de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, marca un cambio de etapa. La ley no debe entenderse solo como una norma sectorial más, sino como el punto de partida de una nueva arquitectura pública de la movilidad. Introduce una visión más integrada, más transversal y más compleja de los desplazamientos, donde confluyen la planificación pública, la sostenibilidad, la financiación, la evaluación de políticas, la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía.

Pero la ley, por sí sola, no agota el debate. Al contrario, lo abre.

A partir de ahora será necesario interpretar sus desarrollos reglamentarios, analizar su aplicación por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos, estudiar sus efectos sobre empresas y operadores, identificar las nuevas obligaciones que surgirán y anticipar los modelos de colaboración público-privada que permitirán hacerla efectiva. La movilidad no se transforma únicamente aprobando normas; se transforma cuando esas normas son comprendidas, compartidas, aplicadas y evaluadas.

El Instituto nace precisamente para contribuir a ese proceso.

Su objetivo es generar un espacio de conocimiento y reflexión en torno a la normativa que debe regir la movilidad en España. Un espacio que no parta de posiciones cerradas, sino de una convicción: la regulación debe facilitar la innovación, no bloquearla; pero la innovación debe integrarse en el espacio público con responsabilidad, transparencia y reglas comprensibles para todos.

La tecnología está generando soluciones que hace apenas unos años parecían lejanas. Vehículos conectados, sistemas de información en tiempo real, plataformas de movilidad, gestión inteligente del tráfico, espacios de datos, reparto urbano de última milla, micro movilidad, transporte a demanda, movilidad rural flexible, automatización progresiva de servicios y nuevas herramientas para ordenar el uso del viario. Todas estas soluciones pueden mejorar la vida de las personas, reducir ineficiencias y ofrecer alternativas donde hoy existen carencias. Pero también plantean preguntas regulatorias de enorme relevancia.

¿Quién puede operar en el espacio público? ¿Con qué autorización? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué datos deben compartirse? ¿Cómo se protege al usuario? ¿Cómo se garantiza la seguridad vial? ¿Qué papel corresponde a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y al Estado? ¿Cómo se evita que cada municipio regule de forma aislada problemas que son comunes? ¿Cómo se favorece la competencia sin deteriorar la convivencia urbana? ¿Cómo se integra la movilidad rural en un debate demasiado centrado en las grandes ciudades?

Estas preguntas no pueden resolverse sólo desde la urgencia administrativa ni desde la presión sectorial. Necesitan método, conocimiento comparado y capacidad de diálogo.

Por eso, el Instituto de Gobernanza de la Movilidad quiere estudiar casos de éxito, analizar experiencias nacionales e internacionales, facilitar herramientas de reflexión y elaborar documentos que ayuden a mejorar la regulación. Su vocación no es sustituir a las administraciones ni representar a un único sector, sino crear un espacio de trabajo donde puedan encontrarse actores públicos y privados, operadores de todos los modos de transporte, empresas tecnológicas, asociaciones, expertos, juristas, urbanistas y responsables públicos.

La movilidad es demasiado importante para abordarla desde compartimentos estancos.

Durante demasiado tiempo hemos regulado el transporte, por un lado, el tráfico por otro, el urbanismo por otro, los datos por otro y la sostenibilidad por otro. Sin embargo, la realidad ya no funciona así. Una decisión sobre distribución urbana afecta a la logística, al comercio, al reparto, a la congestión, a la calidad del aire y al uso del bordillo. Una decisión sobre bicicleta pública afecta al transporte colectivo, al aparcamiento, al diseño urbano y a la seguridad vial. Una decisión sobre vehículo autónomo no es solo una cuestión tecnológica, sino también de circulación, transporte, seguro, responsabilidad, datos y aceptación social.

La movilidad contemporánea exige gobernanza.

Y gobernanza significa algo más que regulación. Significa coordinación institucional, transparencia en la toma de decisiones, participación de los actores afectados, evaluación de impactos, generación de evidencia y construcción de consensos. Significa entender que las mejores políticas públicas no nacen solo de una norma, sino de un proceso de deliberación informado.

Uno de los grandes retos será abordar la diversidad territorial. La movilidad rural no puede recibir las mismas respuestas que la movilidad metropolitana. En muchos municipios pequeños, el problema no es la congestión, sino la ausencia de alternativas reales al vehículo privado. Allí, hablar de movilidad sostenible exige hablar de transporte a demanda, digitalización, servicios públicos flexibles, conexión con nodos de transporte, envejecimiento de la población y derecho efectivo a acceder a servicios básicos.

En cambio, en las grandes ciudades aparecen otros desafíos: gestión del espacio público, última milla, zonas de bajas emisiones, saturación del bordillo, movilidad compartida, convivencia entre modos, seguridad de peatones y ciclistas, y necesidad de integrar datos para tomar mejores decisiones. Entre ambos extremos existe una enorme variedad de realidades territoriales que requieren soluciones proporcionadas.

El Instituto quiere contribuir a ordenar ese debate.

También será esencial abordar la cuestión de los datos. La movilidad del futuro no se entenderá solo por vehículos, infraestructuras o licencias, sino por información. Datos de desplazamientos, demanda, emisiones, ocupación, congestión, seguridad, intermodalidad y logística. Pero los datos, para ser útiles, necesitan reglas: reglas sobre acceso, calidad, interoperabilidad, protección, gobernanza y uso por parte de administraciones y operadores.

Sin espacios de datos bien diseñados, la movilidad seguirá tomando decisiones a ciegas. Con ellos, podrá planificarse mejor, evaluarse mejor y prestarse mejor.

España tiene ante sí una oportunidad. Puede construir una regulación de la movilidad basada en la improvisación, fragmentada y reactiva. O puede impulsar una cultura regulatoria más madura, capaz de anticipar los cambios, ordenar los intereses en juego y convertir la innovación en servicio público, actividad económica y mejora social.

El Instituto de Gobernanza de la Movilidad nace para defender esta segunda opción.

Porque la movilidad no es solo moverse. Es acceder al trabajo, a la educación, a la salud, al ocio, al comercio, a los cuidados y a las oportunidades. Es una condición básica de ciudadanía y, al mismo tiempo, uno de los grandes campos de innovación económica de los próximos años.

Si la movilidad está cambiando, también debe cambiar la forma en que pensamos sus reglas.

Y España necesita un lugar donde hacerlo.

Ramón Ledesma Muñiz, director del Instituto de Gobernanza de la Movilidad. Socio de Impulso by Pons.