Ni dogma climático ni ruina económica: así es de verdad el Pacto Verde Europeo sin desinformación

Pocos asuntos han generado tanta polémica en los últimos años como el Pacto Verde Europeo. Para unos, representa el intento más ambicioso de la UE por reorientar su modelo productivo hacia una economía capaz de compatibilizar su crecimiento con el cuidado del medioambiente. Para otros, evidencia una deriva ideológica que pone en riesgo empleos, industrias y modos de vida.

Lo cierto es que su contenido real ha quedado a menudo desdibujado por una discusión que rara vez parte de sus propuestas concretas. Y este no es un problema menor: hablamos de una hoja de ruta que aborda cuestiones críticas como la energía que consumimos, las emisiones que generamos y el futuro de sectores clave como la agricultura, el transporte o la industria.

Para entender el alcance real del Pacto Verde Europeo, conviene empezar aclarando que no se trata de una ley aislada ni de un programa sectorial. Es un marco estratégico adoptado en 2019 que conecta políticas energéticas, industriales, agrícolas, financieras y sociales bajo un mismo propósito, claramente definido desde su origen.

Neutralidad climática

Este propósito no es otro que convertir a Europa «en el primer continente climáticamente neutro», según la Comisión Europea, que aspira a alcanzar esta meta para el año 2050. Esta neutralidad climática significa que, a mitad de siglo, los países comunitarios no deberán emitir más gases de efecto invernadero de los que sean capaces de absorber o compensar.

El planteamiento parte de una constatación científica difícil de ignorar: si no se reducen de forma rápida y sostenida los gases de efecto invernadero, los impactos del calentamiento global, en forma de fenómenos extremos cada vez más graves y frecuentes, como olas de calor, incendios, sequías e inundaciones, seguirán agravándose.

Por este motivo, el pacto verde no se limita al CO₂, sino que aborda otras cuestiones relacionadas con la adaptación y la mitigación de la crisis climática, como la expansión de las energías renovables, la rehabilitación energética de edificios, la movilidad sostenible, la economía circular o la protección de la biodiversidad.

Sectores estratégicos

Por tanto, el Pacto Verde Europeo introduce cifras, plazos y obligaciones concretas que afectan directamente a sectores estratégicos. Esto se traduce en normas para controlar las emisiones de los vehículos, límites a pesticidas, estándares de eficiencia para edificios o exigencias de información y reporte para empresas.

Por otro lado, a la presión estructural de la descarbonización se han sumado otros factores en épocas recientes, derivados principalmente de la crisis energética y la escalada de precios tras la invasión rusa de Ucrania y el temor a perder competitividad frente a otras economías menos exigentes en materia ambiental, particularmente China.

Este contexto ha obligado a Bruselas a introducir ajustes y flexibilidades en algunas de sus propuestas iniciales. Determinadas medidas vinculadas a la reducción de pesticidas, la restauración de ecosistemas o las obligaciones de reporte empresarial han sido suavizadas o retrasadas ante la presión de gobiernos y sectores productivos que alertaban sobre el impacto económico a corto plazo.

Desinformación y bulos

Paralelamente, la complejidad de este panorama internacional, así como la creciente polarización, han conformado el caldo de cultivo ideal para la aparición en redes sociales de contenidos repletos de desinformación y bulos alrededor de las medidas y objetivos contemplados en el pacto verde.

Entre las formas de desinformación más repetidas está la idea de que el plan europeo obliga a destruir presas para proteger los ecosistemas fluviales. En realidad, lo único que se han eliminado han sido pequeñas estructuras ya en desuso, como azudes y muros, que llevaban años sin cumplir con su misión de embalsar agua.

Tampoco es cierto que Europa y la Agenda 2030 impidan limpiar los cauces de los ríos. Por otro lado, hay que aclarar que la presencia de vegetación autóctona en dichos cauces ayuda a frenar las riadas y a prevenir inundaciones, ya que favorece la permeabilidad del terreno.

Agricultura

La agricultura también ha estado en el punto de mira de estas informaciones falsas o exageradas. La reducción progresiva de determinados pesticidas y fertilizantes se ha presentado en algunos discursos como una condena directa al sector, cuando en realidad forma parte de una estrategia para mejorar la salud de los suelos, reducir la contaminación y aumentar la resiliencia de los cultivos frente a sequías y eventos extremos.

De hecho, la degradación del suelo es uno de los principales riesgos para la productividad a medio plazo, y parte de esa degradación está vinculada a prácticas intensivas de uso de pesticidas y otros insumos que alteran la salud del terreno.

Energías renovables

La Unión Europea se ha marcado metas claras en materia de energías renovables como parte de sus compromisos ambientales: para 2030, al menos el 42,5% de la energía final consumida en Europa deberá provenir de fuentes renovables, con la aspiración de acercarse al 45% si se aceleran las reformas necesarias.

Sobre estos planes se ha cimentado uno de los bulos más repetidos, que sostiene que las políticas europeas de expansión de las renovables obligan a llenar tierras agrícolas de paneles solares, sustituyendo cultivos por instalaciones energéticas.

Pero lo cierto es que sólo una porción ínfima de tierras agrícolas está ocupada por parques solares. En el caso de España, las plantas fotovoltaicas ocupan alrededor del 0,2% de la superficie agraria útil, y la previsión es que este porcentaje no llegue, a pesar de la proliferación de instalaciones renovables, al 1%, una cifra que ni de lejos pone en riesgo la producción agrícola ni la seguridad alimentaria regional.

Zonas de Bajas Emisiones

Algo similar ocurre con la movilidad eléctrica y, en particular, con las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) promovidas igualmente por el Pacto Verde Europeo.

Un bulo recurrente afirma que en estas zonas restringidas al tráfico de los vehículos más contaminantes no se reduce realmente la contaminación. En cambio, la evidencia empírica indica lo contrario.

Por ejemplo, en Madrid, la aplicación de su ZBE ha permitido a la capital encadenar varios años con niveles de NO₂ —dióxido de nitrógeno, un gas procedente principalmente de los vehículos de combustión, estrechamente vinculado a problemas respiratorios y cardiovasculares— entre los más bajos de su historia, favoreciendo además el cumplimiento, por cuarto año consecutivo, de la directiva europea de calidad del aire.

ZBE y comercio local

También se ha repetido que las ZBE arruinan al comercio local. En realidad, múltiples experiencias urbanas demuestran que mejorar la accesibilidad peatonal y la calidad del espacio público tiende a revitalizar el comercio de cercanía, multiplicando flujos de personas que antes evitaban zonas congestionadas.

Así ha sucedido en Pontevedra, ciudad que lleva 15 años sin sufrir un accidente de tráfico mortal en sus calles gracias a la puesta en marcha de una estrategia que ha restringido el tráfico urbano en el centro histórico, que además ha sido peatonalizado. Esa dinámica urbana ha favorecido la consolidación de un tejido de tiendas, bares y servicios que estimula la actividad económica y el comercio local.