Menos trámites, más reciclaje

Menos burocracia y más economía circular: así cambian las normas ambientales para la industria andaluza

Fina Martínez detalla en INERCO la ley que unifica trámites y evita duplicidades a la industria andaluza

La Junta ofrece el visor INDICA para estudiar el terreno y el SACE para calcular y compensar emisiones

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  • Antonio Quilis
  • Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.

Poner en marcha una fábrica en Andalucía, o ampliar una que ya funciona, implica ahora menos papeleo repetido y menos espera. La nueva ley ambiental andaluza ha recortado de ocho a seis meses el plazo para resolver la autorización ambiental unificada, uno de los permisos clave para la industria.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha detallado este viernes, 20 de noviembre, las medidas de la normativa andaluza para simplificar la tramitación de los proyectos industriales, prevenir la contaminación y aprovechar los materiales que se generan durante la producción.

Lo ha hecho durante una visita a las instalaciones de INERCO, donde ha explicado cómo se aplican estas disposiciones a las empresas, desde la preparación de una nueva planta hasta el seguimiento de su actividad una vez que entra en funcionamiento.

Una empresa andaluza con 40 años

La consejera, junto con la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Carmen Jiménez, ha recorrido las dependencias acompañada por el presidente de la compañía, Pedro Marín, y ha conocido de primera mano sus soluciones tecnológicas aplicadas a la sostenibilidad industrial.

INERCO, fundada en 1984 y con sede en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla, reúne en una misma organización consultoría especializada, ingeniería y desarrollo de tecnologías propias para abordar de forma integral los retos ambientales y energéticos de la industria.

Tras una presentación general, la delegación ha conocido proyectos en distintos países y capacidades que van del tratamiento de emisiones, aguas y suelos al hidrógeno renovable, la captura de CO2 o el biometano, además de la eficiencia energética y el almacenamiento térmico y eléctrico.

Talento con proyección mundial

«Andalucía puede sentirse orgullosa de contar con empresas que, desde nuestra tierra, generan conocimiento y tecnología para acompañar a la industria en su transformación sostenible y proyectan ese talento por todo el mundo», ha señalado Fina Martínez tras el recorrido.

Por su parte, el presidente de INERCO ha agradecido a la consejera su visita y «los esfuerzos de la Junta por avanzar en la simplificación administrativa, un ámbito en el que Andalucía está siendo un ejemplo».

Asimismo, Marín ha subrayado que «INERCO es una empresa tecnológica singular, nacida en Andalucía hace más de 40 años, que integra conocimiento, ingeniería y tecnologías propias para desarrollar soluciones frente a los grandes retos de sostenibilidad en todo el mundo».

Colaboración público-privada

Fina Martínez y Pedro Marín han coincidido en la importancia de la colaboración público-privada para impulsar una industria más competitiva y sostenible, y para consolidar en Andalucía capacidades tecnológicas con proyección internacional.

En este punto, la consejera ha recordado que, antes de poner en marcha una industria o modificar una instalación existente, es necesario estudiar qué efectos puede tener sobre su entorno y qué medidas debe adoptar para prevenirlos.

Precisamente, la Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía, que desde el pasado mes de junio sustituye a la antigua norma de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007, regula esa comprobación y los permisos de cada proyecto.

Adiós a las duplicidades

Entre las medidas de simplificación, la consejera ha destacado la coordinación de la autorización ambiental con la evaluación de los posibles impactos del proyecto. Así, la empresa presenta una sola vez los documentos que sirven para ambos procedimientos.

Además, cuando corresponde, se realiza una consulta conjunta a las administraciones afectadas y a la ciudadanía. «La ley recoge la presentación única de la documentación común y la realización conjunta de estos trámites para evitar duplicidades», ha indicado Martínez.

La consejera ha precisado también que el plazo legal para resolver la autorización ambiental unificada ha pasado de ocho a seis meses, es decir, una cuarta parte menos de tiempo máximo de espera para los promotores industriales.

Consultas previas

Para preparar esa documentación, los promotores pueden consultar previamente a la Administración qué aspectos deben estudiar. De este modo, el expediente llega mejor orientado desde el principio de la tramitación.

La norma también prevé una revisión por colegios profesionales o entidades colaboradoras, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente, para comprobar que el expediente reúne la información necesaria antes de presentarlo.

Al estudiar el lugar elegido para una instalación, las empresas disponen además de herramientas de la Junta que ofrecen datos sobre las características del territorio donde pretenden implantarse.

El visor INDICA

Fina Martínez ha informado sobre el visor INDICA, que reúne información sobre espacios protegidos, hábitats y especies sensibles, procedente de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y de otras fuentes oficiales.

Su consulta ayuda a tener en cuenta estas circunstancias desde el diseño inicial de la actuación. A partir del análisis de cada proyecto, la Consejería establece después las condiciones que debe cumplir durante su funcionamiento.

Estas condiciones pueden incluir límites a los contaminantes emitidos, medidas para evitar daños y controles para comprobar que se respetan las exigencias del permiso concedido a cada instalación.

Mejores técnicas disponibles

La consejera ha relacionado estas condiciones con las llamadas mejores técnicas disponibles para las autorizaciones ambientales integradas: soluciones que han demostrado su eficacia para prevenir o reducir la contaminación.

Se trata de técnicas que pueden utilizarse en cada sector en condiciones técnica y económicamente viables. Su aplicación alcanza tanto a los equipos como a la manera de diseñar, mantener y utilizar las plantas.

En el caso de las emisiones al aire, el seguimiento se realiza tanto sobre los focos industriales como sobre el ambiente que los rodea. Los controles de una instalación comprueban lo que emite, mientras que las estaciones de vigilancia miden la calidad del aire.

Un registro público de emisiones

La Consejería dispone también de instrucciones técnicas para efectuar estas comprobaciones y de información específica para las actividades afectadas por estas obligaciones.

Asimismo, determinadas industrias deben comunicar periódicamente qué sustancias emiten y qué residuos envían fuera de sus recintos para recibir tratamiento.

La Administración autonómica revisa estos datos antes de remitirlos al Ministerio competente para su incorporación al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, conocido como PRTR. Esta información es pública y permite conocer los efectos de las actividades incluidas.

Simbiosis industrial

En el terreno de la economía circular, Fina Martínez ha subrayado que la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía recoge el aprovechamiento de materiales generados en una actividad para utilizarlos en otra, siempre que cumplan los requisitos exigidos.

Estas conexiones entre empresas, denominadas simbiosis industrial, buscan que los recursos encuentren un nuevo uso productivo y reducir así la cantidad que se desecha. Lo que sobra en una fábrica puede convertirse en la materia prima de otra.

Una sustancia obtenida de forma secundaria puede emplearse como subproducto si reúne las condiciones legales; si ya es un residuo, debe pasar por una operación de recuperación para convertirse en producto o materia prima. Ambas vías están sujetas a garantías técnicas, ambientales y sanitarias.

Una estrategia con la industria

Asimismo, la consejera ha hecho hincapié en la elaboración de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, cuya formulación aprobó el Consejo de Gobierno en febrero de 2025 y que aún se encuentra en pleno proceso participativo.

Ese proceso recoge las necesidades y propuestas del sector industrial sobre prevención de residuos, aprovechamiento de materiales y uso eficiente de los recursos, e incluyó un panel dedicado a la industria celebrado en Huelva.

Entre las líneas previstas en la estrategia figura además el desarrollo de una plataforma de simbiosis industrial, en la que empresas, centros de investigación y entidades públicas puedan compartir conocimientos y recursos.

Ciclo de vida

Para comparar materiales y formas de fabricación, la legislación autonómica fomenta también el análisis del ciclo de vida, que estudia los efectos ambientales de un producto desde la obtención de sus materias primas hasta su uso y tratamiento final.

Esta metodología aporta información sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en cada etapa, incluidas las que se producen fuera de la propia fábrica.

Además de aprovechar mejor los recursos, las empresas deben atender a sus emisiones de gases de efecto invernadero. La Consejería se encarga de la autorización, el seguimiento y la validación de las emisiones de las instalaciones sujetas al comercio de derechos de emisión.

Huella de carbono

Fina Martínez ha diferenciado estas obligaciones de las herramientas voluntarias disponibles para las organizaciones que desean calcular su huella de carbono y elaborar planes para reducirla.

A través del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), las entidades pueden identificar de dónde proceden sus emisiones y decidir qué cambios introducir para disminuirlas. Este instrumento registra además proyectos que absorben CO2 de la atmósfera y sus compensaciones.

«El SACE ofrece a las organizaciones un marco para calcular su huella, establecer planes de reducción y registrar compensaciones mediante proyectos de absorción», ha añadido la consejera.