La inversión que exige el clima: garantizar el suministro energético en tiempos de incertidumbre

Durante décadas, la seguridad energética se entendió principalmente como la capacidad de disponer de recursos suficientes para atender la demanda. El debate se centraba en asegurar el acceso a las fuentes de energía, diversificar suministros o reforzar la competitividad de la economía. Sin embargo, el contexto actual obliga a ampliar esa mirada.

Hoy ya no basta con preguntarnos de dónde procede la energía; debemos preguntarnos también hasta qué punto somos capaces de mantener el servicio cuando el entorno se vuelve extraordinariamente adverso.

La creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos está transformando la forma en que concebimos las infraestructuras críticas. Sequías prolongadas, inundaciones, olas de calor, incendios forestales o temporales cada vez más severos están sometiendo a una presión creciente a sistemas diseñados en muchos casos para unas condiciones climáticas diferentes.

El cambio climático ya no representa un riesgo futuro que se analiza en informes técnicos; es una realidad que afecta a la planificación económica, a la gestión de los servicios públicos y a la protección de las personas. Así lo pone de manifiesto el estudio sobre la resiliencia de las infraestructuras energéticas elaborado por el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València y publicado por Fundación Naturgy.

El documento señala que el aumento de los eventos extremos obliga a replantear el diseño, mantenimiento y operación de las infraestructuras energéticas y que garantizar la continuidad del suministro exige anticipar riesgos, adaptar las redes y reforzar la capacidad de recuperación del sistema.

Cuando el suministro se interrumpe

La energía ocupa una posición singular en este debate porque actúa como soporte de prácticamente todas las actividades que desarrollamos. Cuando el suministro se interrumpe, los efectos se extienden mucho más allá del propio sector energético. Hospitales, sistemas de comunicaciones, abastecimiento de agua, transporte, actividad industrial, comercio o servicios digitales dependen de forma directa o indirecta de que las redes funcionen correctamente. La resiliencia energética es, por tanto, una condición indispensable para la resiliencia de toda la sociedad.

Los acontecimientos vividos en la Comunidad Valenciana durante la DANA de 2024 constituyen un recordatorio de esta realidad. Aquel episodio dejó daños significativos y puso a prueba múltiples infraestructuras esenciales. Al mismo tiempo, evidenció la importancia de contar con redes capaces de recuperarse rápidamente y con organizaciones preparadas para actuar en situaciones de emergencia.

El análisis desarrollado en el estudio demuestra que la capacidad de respuesta ante este tipo de fenómenos no depende de una única medida ni de una solución aislada, sino de la combinación de múltiples factores que deben trabajar de forma coordinada.

Adaptación y previsión

Uno de los principales mensajes del informe es que la adaptación al cambio climático exige abandonar una visión exclusivamente reactiva. Durante mucho tiempo, las inversiones se orientaron prioritariamente a reparar daños una vez producidos.

Sin embargo, el nuevo escenario requiere actuar antes de que ocurra el incidente. Identificar vulnerabilidades, fortalecer los puntos más expuestos, incorporar sistemas de monitorización, mejorar la capacidad de diagnóstico y desplegar tecnologías que permitan actuar con rapidez son elementos cada vez más determinantes para reducir impactos futuros. El estudio destaca la necesidad de incorporar tecnologías de monitorización, actualizar los criterios de diseño y priorizar inversiones capaces de reducir daños futuros.

Esta reflexión tiene una enorme relevancia económica. Con frecuencia se analiza el coste de las inversiones necesarias para adaptar las infraestructuras, pero se presta menos atención al coste de la inacción. Cada interrupción prolongada del suministro genera pérdidas económicas, afecta a la productividad, ralentiza la actividad empresarial y tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos.

La pregunta ya no es si resulta conveniente invertir en adaptación, sino hasta qué punto podemos permitirnos no hacerlo. En un escenario de creciente incertidumbre climática, la prevención deja de ser un gasto para convertirse en un instrumento de gestión del riesgo.

Resiliencia y planificación

Además, la resiliencia debe entenderse como un concepto dinámico. No se trata únicamente de proteger activos físicos frente a posibles daños. También implica desarrollar capacidades organizativas, mejorar protocolos de coordinación y fortalecer la colaboración entre todos los actores involucrados.

El informe subraya que la planificación compartida entre administraciones, empresas y organismos reguladores resulta tan importante como las soluciones técnicas. La experiencia comparada analizada evidencia que la anticipación, la cooperación y la inversión son factores decisivos para afrontar fenómenos extremos.

La digitalización desempeña un papel fundamental en este proceso. Las redes inteligentes permiten detectar incidencias con mayor rapidez, aislar problemas, optimizar recursos y acelerar la recuperación del servicio. A medida que aumenta la complejidad de los sistemas energéticos, disponer de información en tiempo real se convierte en una ventaja estratégica.

Las capacidades de análisis y monitorización ya no son complementos tecnológicos; forman parte de la propia seguridad del sistema. El estudio identifica la digitalización, los sistemas de monitorización y alerta temprana y las soluciones de almacenamiento como elementos clave para mejorar la capacidad de respuesta.

Refuerzo estructural

Junto a ello, será necesario seguir impulsando actuaciones orientadas a reforzar la robustez de las infraestructuras. Entre las medidas recogidas por el informe figuran el refuerzo estructural de determinadas instalaciones, el soterramiento selectivo de líneas o la protección de activos ubicados en zonas vulnerables a inundaciones. Son actuaciones que exigen recursos significativos y planificación a largo plazo, pero que pueden reducir de forma sustancial los impactos de futuros eventos extremos.

Por eso resulta especialmente relevante abrir espacios de reflexión sobre los desafíos que tenemos por delante. El debate sobre las infraestructuras energéticas ya no puede limitarse a cuestiones técnicas. Debe formar parte de una conversación más amplia sobre competitividad, cohesión territorial, bienestar social y preparación frente a riesgos emergentes. La energía constituye uno de los pilares sobre los que se sustenta el funcionamiento de nuestras sociedades y, en consecuencia, su capacidad de adaptación es también la nuestra.

Desafíos por el cambio climático

El cambio climático seguirá planteando desafíos complejos en los próximos años. No existe una solución única ni definitiva para afrontarlos. Sin embargo, sí existe un consenso creciente sobre la dirección que debemos seguir: anticipar riesgos, invertir con visión de largo plazo, incorporar innovación y reforzar la colaboración entre todos los agentes implicados. La resiliencia no consiste en evitar que ocurran los problemas, sino en construir sistemas capaces de resistir mejor, recuperarse más rápido y aprender de cada experiencia.

Ese es, probablemente, el gran reto de nuestro tiempo. Y también una de las grandes oportunidades para construir un sistema energético más seguro, más preparado y capaz de responder a las necesidades de una sociedad que demanda certidumbre en un entorno cada vez más incierto. Basarse en la anticipación, la cooperación y la inversión para reforzar la capacidad de recuperación del sistema es precisamente una de las principales conclusiones del estudio.

Tomás Gómez es catedrático del Instituto de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València.