La Justicia tumba la denuncia del PSOE que activó la moción de censura en Murcia y sacudió España

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso del PSOE que pedía reabrir su denuncia contra el PP, el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el entonces concejal de Calidad Urbana, José Guillén. Esa denuncia fue el argumento que usaron los socialistas para justificar la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, que provocó un terremoto político en todo el país. Desembocó en el fin de Ciudadanos, el adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso y un bajón importante del PSOE en Murcia. Los vecinos de esa localidad, tras dos años de gobierno de socialistas y CS, optaron en las últimas elecciones municipales, las del pasado mayo, por otorgar una mayoría absoluta al popular Ballesta.

Ahora, el tribunal ha tumbado las pretensiones del PSOE, que había recurrido el archivo del presunto caso de corrupción. Según fuentes locales consultadas, PSOE y Ciudadanos usaron esa investigación judicial para crear una narrativa sobre la necesidad de echar al alcalde. Un relato que ahora se desmorona. La sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Enrique Lorca y contra el auto no cabe recurso.

Los socialistas denunciaron justo antes de su moción de censura en Murcia un delito de «financiación ilegal de la campaña electoral» del PP por el uso de unos vídeos que, presuntamente, había elaborado una empresa contratada por el Ayuntamiento. En concreto, el denunciante aseguraba que, en abril de 2019, el PP había recurrido a «unos vídeos render [recreaciones de cómo quedarían en el futuro unos nuevos jardines municipales], de titularidad municipal, bien mediante un uso directo o con algunos retoques estéticos». «La procedencia sería el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia y una entidad pública». Sin embargo, los jueces coinciden en que «no resultan indicios suficientes de ilícito penal».

De esta forma, se confirma la sentencia de primera instancia en la que el juez, en línea con la posición de la Fiscalía, entendía que «la mera utilización por un candidato electoral, como mero adorno de la presentación de su futura gestión municipal, de documentos públicos municipales como serían los distintos fotogramas contenidos en los vídeos renders no confidenciales y encargados por una empresa municipal no se considera que integre sin más un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación».

Sin indicios

El Equipo de Delincuencia Económica-Tecnológica de la Guardia Civil, analizando los metadatos de los archivos de vídeo aportados y el informe pericial aportado por el denunciante, emitió un informe que permitió concluir que «no existían indicios suficientes de que los fotogramas utilizados por los candidatos del PP procediesen necesariamente de los videos render de la contratista municipal». Los encuadres y los colores de determinados fotogramas del material electoral del PP que se exponían en la denuncia son distintos a los originales.

El PSOE reclamó la tasación pericial de los vídeos, pero el auto aclara que sólo podría aceptarse si el gasto fuese superior a los 50.000 euros. Ninguno de los vídeos superaba ese importe (entre 3.000 y 5.000 euros por vídeo).

Una moción que alteró el mapa

Esa denuncia sirvió al PSOE para romper el pacto de PP y CS en la capital murciana. A nivel autonómico, el presidente murciano Fernando López Miras (PP) también tuvo que afrontar una moción de censura. No obstante, en ese caso no salió adelante, porque diputados autonómicos del partido naranja se mantuvieron fieles al PP. A nivel regional la excusa fue una supuesta vacunación irregular de altos cargos de la Consejería de Salud.