El novio de Ayuso exige 150.000 € a Sánchez y Bolaños por llamarle «delincuente confeso»
La defensa de Alberto González Amador emplaza a Sánchez y Bolaños a una conciliación previa a una querella
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado un acto de conciliación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como paso previo a presentar una querella por injurias y calumnias debido a las declaraciones en las que lo calificaron de «delincuente confeso», según han informado fuentes jurídicas a OKDIARIO. González Amador reclama una indemnización de 100.000 euros a Pedro Sánchez y 50.000 euros a Félix Bolaños.
Los abogados de González Amador han presentado las correspondientes solicitudes de conciliación en los juzgados de Madrid ya que González Amador considera que las declaraciones vulneran «los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español».
Las declaraciones en cuestión fueron realizadas el 17 de octubre, tras hacerse pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos. En esa ocasión, Sánchez señaló: «Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo».
González Amador también inició un proceso de conciliación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por unas declaraciones realizadas el 12 de marzo durante la sesión de control al Gobierno. Ante la ausencia de la ministra en dicho acto, como adelantó OKDIARIO, el novio de Ayuso anunció una demanda ante el Tribunal Supremo, debido a la condición de aforada de Montero como ministra y diputada.
Retrasos
Como viene informando OKDIARIO, el caso de presunto fraude fiscal del novio de Ayuso ha estado cerca de cerrarse varias veces pero por maniobras de la Fiscalía o de las acusaciones –PSOE y Más Madrid– se está alargando artificialmente. Existe un acuerdo de conformidad aprobado por la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que los implicados reconocen los hechos, lo que pondrá fin al caso. Aunque el documento, ya redactado, debía firmarse en junio, las acusaciones populares del Juan Lobato y Mónica García solicitaron ampliar los delitos investigados, lo que retrasó el proceso. No obstante, la jueza que instruye el caso ha rechazado las peticiones de ambas formaciones para, a la postre, prolongar la causa en el tiempo.
Las defensas de los implicados intentaron cerrar de nuevo el acuerdo en julio, pero las vacaciones de la jueza y del fiscal retrasaron la firma. Ahora, tras el regreso de la jueza Inmaculada Iglesias, se programará una nueva audiencia para formalizar el acuerdo ya preparado entre la pareja de Ayuso, sus dos socios, y la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid.
Fuentes jurídicas aseguran que la jueza estaba de acuerdo con el acuerdo, y se convocó a las partes en el juzgado para la firma antes de verano. Sin embargo, ese mismo día, los abogados del PSOE y Más Madrid solicitaron una ampliación de los delitos investigados, basándose en un informe de la Agencia Tributaria. También pidieron nuevas diligencias, como investigar la relación empresarial de González Amador con un grupo sanitario privado, revisar sus cuentas entre 2019 y 2022, y aportar escrituras de compraventa de sus propiedades entre 2020 y 2024, lo que obligó a suspender la audiencia.
Dos meses después, la jueza rechazó estas maniobras de las acusaciones. En una resolución emitida el 31 de julio, a la que ha tenido acceso este medio, la jueza consideró que las diligencias solicitadas son innecesarias o prospectivas, ya que no hay indicios de nuevos delitos más allá de los investigados. Además, advierte que aceptar esas diligencias generaría una dilación innecesaria en el proceso, lo que impediría un juicio rápido, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, el acuerdo con la Fiscalía está listo para ser firmado en la próxima audiencia, poniendo fin a la investigación judicial.
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