Mato y Mayer a un paso del juicio del ‘caso Open de tenis’ en el que Carmena se salvará de declarar

Los ex concejales madrileños Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer (Ahora Madrid) están a un paso de ser juzgados por el caso Open de tenis. En un auto de la sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid se admiten las pruebas testificales propuestas por las diferentes partes con la excepción de la ex alcaldesa Manuela Carmena que, de esta forma, se salvará por ahora de declarar.

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid había propuesto la declaración de la ex regidora, pero el tribunal ha considerado que «no es pertinente ni necesaria dicha prueba a la vista del escrito de acusación».

Este caso investiga la contratación ‘a dedo’ de una auditoría a una empresa afín en contra del criterio de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento. En 2017 se pagaron 50.000 euros por una auditoría al bufete de abogados próximo a la ideología de Ahora Madrid y posteriormente otros 50.000 por «anexos». Es decir, 100.000 euros públicos que esquivaron el límite legal para no tener la obligación de abrir un concurso público a los licitadores que quisieran presentarse.

Los ediles querían denunciar a toda cosa presuntas corrupciones en los contratos del Consistorio con el empresario Ion Țiriac durante los mandatos del Partido Popular. Presentaron ese informe ante la Fiscalía Anticorrupción por las sospechas de irregularidades. Sin embargo, el Ministerio Público tiró por tierra esas teorías. Por tanto, en la búsqueda irrefrenable de indicios de criminalidad hicieron una contratación que está siendo ahora objeto de investigación.

Por todo ello, los entonces ediles Carlos Sánchez Mato, ex responsable de la concejalía de Economía y Hacienda; Celia Mayer, encargada del área de Gobierno de Cultura y Deportes y Ana Varela, consejera delegada de la empresa municipal Madrid Destino, fueron imputados y posteriormente procesados en el conocido como caso Open de tenis.

En mayo de 2018, el PP se querelló contra los concejales por el encargo de esa auditoría. Los ‘populares’ veían malversación de caudales públicos y prevaricación. La querella se admitió a trámite un mes más tarde y los cargos públicos imputados fueron llamados a declarar en septiembre para analizar si se cometieron los delitos citados en el encargo de estos informes externos.

Ahora, las tres magistradas que juzgarán el caso «declaran pertinentes las pruebas propuestas por la acusación y las defensas para su práctica en el acto de juicio oral salvo la reseñada anteriormente». Por tanto, están pendientes de «practicar las citaciones necesarias». En este sentido, se da «traslado de la resolución a la letrada de la Administración de Justicia del Tribunal para que atendiendo a la Agenda de Vistas y el movimiento de asuntos de la Sección proceda a señalar día y hora para la celebración del juicio oral». Se trata de una resolución sobre la que «no cabe recurso sin perjuicio de reproducir la petición de la prueba denegada al inicio de las sesiones de juicio oral».