Condenado a 7 años de cárcel al ex consejero madrileño Alfredo Prada por el Campus de la Justicia

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.

En la sentencia, el tribunal condena por el mismo delito a penas de tres años y medio de prisión a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de ese proyecto, ya que les considera cooperadores necesarios: Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).

A todos los condenados, no obstante, la Audiencia Nacional les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.

Un sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha sido absuelto por el tribunal, al entender que un máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.

Los magistrados establecen además que el ex consejero Prada, Baños, De las Heras y Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros, y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad García de Castro.

Se pagó dinero «ilegítimo»

En la sentencia, el tribunal explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una «intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad, que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea».

«Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una ciudad de la justicia dejó de ser el objetivo principal», añade la resolución, «para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en publicitar el Campus que en la propia ejecución del proyecto», en especial el encargo al arquitecto británico Norman Foster para que diseñara varios edificios del complejo.

En este sentido, recoge que Alfredo Prada fue el que acudió a Londres para entrevistarse con Foster y quien decidió contratarlo sin justificación alguna.

Los contratos irregulares, señala la Audiencia Nacional, «en nada benefician el objeto social por múltiples razones, como puede ser la absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto o por su excesivo coste que supera completamente la capacidad económica de la sociedad, por su inutilidad de cara al objeto social, por su inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto».

Para los magistrados, esos contratos se alejaron del objeto social del Campus y el precio que se pagó por ellos «es dinero que se distrajo de su legítimo fin», ya que la construcción del complejo «nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto».

«De suma gravedad»

El tribunal expresa que la malversación ocasionada en el proyecto es de «suma gravedad», puesto que basta considerar que el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio costó a las arcas públicas más de 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza los 40 millones de euros.

Tal cantidad, subraya, es de una «extraordinaria relevancia» y ha dañado de forma clara el servicio público, recordando que la urbanización y edificación de un complejo que albergara todas las sedes judiciales de la capital no se ha logrado culminar.

Los magistrados inciden en que el «fracaso» del proyecto del ex consejero Alfredo Prada se debió en gran parte a «los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna».