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Ayuso: «Sánchez es corrupción de Estado porque mercadea con inmigrantes, presos, presupuestos y escaños»

"No estamos a favor de regularizaciones masivas pero tampoco de expulsiones masivas"

"Sánchez quiere comprar a los jubilados, a las víctimas de los trenes y a la inmigración ilegal"

  • Ana Borges
  • Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado como una «trampa política» la regulación de 500.000 inmigrantes ilegales que el Gobierno de Pedro Sánchez llevará a cabo mediante un decretazo que no necesita la convalidación del Congreso de los Diputados. «Esto es corrupción de Estado porque el Gobierno está mercadeando presos, inmigrantes, presupuestos, escaños y asientos en empresas públicas y privadas previamente colonizadas». Así lo ha expresado la líder regional durante el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en San Sebastián de los Reyes.

«Este proceso es injusto con las personas que llevan en España tiempo trabajando, es un proceso que va contra la labor de policías y jueces y que está lleno de mentiras», añadía Ayuso. La presidenta también ha dejado claro que su gobierno no está a favor de regularizaciones masivas, pero tampoco de expulsiones masivas porque «nada exaltado lleva a buen puerto».

«Tenemos un Gobierno de la nación que quiere comprar a los jubilados, a las víctimas de los trenes, a los okupas y a la inmigración ilegal», señalaba durante la rueda de prensa celebrada este mediodía.

En este sentido, Ayuso ha señalado que la regulación de estos inmigrantes responde a «puro electoralismo», y que es «politiqueo barato, fanatismo e ilegalidad. Es una ocurrencia.»

La líder de los populares en Madrid ha advertido además de que las cifras que da el Gobierno de Sánchez (500.000 inmigrantes) no son reales porque «Funcas habla de 850.000 personas. Es una trampa política.»

Por otro lado, también ha alertado de que esta regularización generará «graves dificultades» para gestionar servicios públicos. «Esto va a redundar en un sobrecoste para la Administración porque ahora se van a añadir otras prestaciones a personas que ya se les atendía en los servicios de Urgencias o en la Educación Obligatoria», a la vez que ha cargado contra un Ejecutivo nacional que da cifras «a vuelapluma.»

«Estamos hablando de vidas y por eso consideramos que no hay derecho a tratarlo de esta manera», ha aseverado Ayuso, quien ha criticado que este proceso no pase por las Cortes y no se vincule al mercado de trabajo.

García Ortiz

Ayuso también se ha referido a la intención de Pedro Sánchez de indultar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos. El Ejecutivo ha comenzado los trámites y se ha dirigido al Tribunal Supremo, que le condenó, para que este órgano emita un informe sobre esa solicitud.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado esta petición como una «burla a la ley». «Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado», ha expresado la dirigente autonómica desde San Sebastián de los Reyes.

Así, ha subrayado que España se encuentra en «una situación inédita» al tener a la cabeza a un presidente del Gobierno que «abiertamente se ha situado por encima de la ley».

Se trata de una petición de indulto que han realizado dos particulares y que Justicia, una vez recibida, ha trasladado al Supremo para que muestre su parecer.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”