Los amaños de Parla atrapan al PSOE: el vicealcalde se diseñó una plaza de funcionario y se la adjudicó

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 14/03/2026 05:45
  • Actualizado: 14/03/2026 05:45

Un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Parla (Madrid), Andrés Correa, ha sido denunciado penalmente por un delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT) por haber negociado, aprobado e impulsado las bases del proceso selectivo mediante el cual él mismo obtuvo una plaza fija de auxiliar administrativo en el Consistorio.

La denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO fue registrada el 4 de marzo de 2026, pero los hechos se remontan al año 2024, cuando Correa era primer teniente de alcalde de Parla, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, también concejal de Economía y Hacienda y portavoz del PSOE.

La querella señala también a otro técnico municipal adscrito al área de Recursos Humanos, quien actuó como asesor directo del concejal en la elaboración técnica de las bases y que igualmente obtuvo plaza fija en el mismo proceso. Él intervenía como asesor técnico, participando en «la elaboración concreta de los criterios de valoración, en la definición de los coeficientes de experiencia y en la estructuración final del sistema de concurso», según dicta la denuncia.

Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y, subsidiariamente, tráfico de influencias.

El origen del caso se remonta a la aprobación de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obligó a todas las administraciones españolas a estabilizar sus plantillas interinas mediante convocatorias abiertas.

La ley habilitaba la modalidad de concurso de méritos, sin examen, precisamente para favorecer a quienes llevaban años como trabajadores temporales en la administración.

La negociación de las bases que regirían ese proceso comenzó en abril de 2022 en el seno de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento. Andrés Correa actuó en ella como «representante único y total del Ayuntamiento», según recoge literalmente la denuncia, ejerciendo «la dirección política del área de recursos humanos y la responsabilidad institucional sobre el diseño de los procesos».

Lo que convierte los hechos en presuntamente delictivos es que ambos denunciados eran, al mismo tiempo, potenciales beneficiarios directos del sistema que estaban diseñando. Andrés Correa llevaba «más de quince años ocupando en situación de temporalidad la plaza que posteriormente fue objeto de estabilización». Ninguno de los dos se abstuvo en ninguna fase del procedimiento.

El Régimen Jurídico del Sector Público impone la obligación legal de abstenerse cuando concurra interés personal directo. La denuncia es taxativa: «La abstención no es una facultad discrecional del interesado, sino una obligación legal cuyo incumplimiento no queda neutralizado por la existencia de otros participantes en el órgano colegiado.»

Según la denuncia, Andrés Correa Barbado negoció las bases en la Mesa General, elevó la propuesta a la Junta de Gobierno Local, participó en su aprobación mediante el acuerdo de 2 de diciembre de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 9 de ese mismo mes, impulsó las convocatorias, presentó al proceso selectivo y finalmente obtuvo la plaza.

Solo en una fase avanzada cedió la firma de los contratos al alcalde, en un movimiento que el denunciante interpreta como tardío reconocimiento de la irregularidad.

La negociación de las bases para estas plazas de auxiliar administrativo también benefició a la actual concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla, Maria Curiel, compañera de Correa.

Andrés Correa ha dejado recientemente la concejalía de Recursos Humanos tras denunciar Vox este caso en reiteradas ocasiones en el pleno de Parla y figura en la actualidad como concejal del PSOE en el área de Hacienda del Ayuntamiento de Parla. Su plaza de auxiliar administrativo, que consiguió de esta manera tan irregular, permanece reservada en situación de excedencia forzosa por ocupación de cargo público, a la espera de lo que resuelva el juzgado que ha recibido la denuncia.

Ahora le corresponde al juez determinar si lo que algunos llamaron estabilización fue, en realidad, una operación de autoconsolidación con cobertura legal.