La juez exige al acusado de cuarenta estafas en la venta de licencias VTC una lista de todos sus bienes

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 10/09/2022 06:50
  • Actualizado: 10/09/2022 06:50

Rosme Cruz, el empresario canario acusado de cuarenta estafas en la gestión de la compra-venta de licencias VTC, tuvo que darle este viernes a la juez una relación de todos sus bienes, tras exigirlo la defensa de los casi cuarenta afectados que lo han denunciado por estafa. Tras comparecer ante el juzgado de Instrucción número 23 de Madrid Cruz se negó a declarar pero el abogado de los afectados, Ignacio Palomar, logró que la juez le exigiese a Rosme Cruz conocer sus bienes, a lo que el investigado no podía oponerse.

El juzgado de Instrucción número 23 de Madrid investiga desde antes de este verano una presunta estafa en la venta de licencias de explotación de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) con casi 40 víctimas estafadas por parte de Rosme Cruz y sus empresas.

El modus operandi de la primera querella presentada contra él señala que el empresario Rosme Cruz usaba hasta tres actividades para captar a sus víctimas. En primer lugar, tenía un taller mecánico donde reparaba y acondicionaba vehículos VTC de empresas importantes y legales. En segundo lugar, gestionaba licencias de terceros propietarios y la tercera actividad, que es la que ahora se ha denunciado, era la compraventa de licencias que no existían, pero que según los hechos denunciados, vendía supuestamente a personas diferentes en varias ocasiones.

Cruz sí aseguró que no disponía de patrimonio para hacer frente a la demanda de medidas cautelares por lo que la defensa los afectados pidió un requerimiento para conocer los bienes de Cruz y pedir el embargo con el que podría hacer frente a una posible responsabilidad civil.

Rosme Cruz aseguró poseer participaciones en las empresas Fist Emilian. MGDV Solutions, Gestión de Transportes VTC Madrid y Mucho Destino. También manifestó poseer participaciones en otras sociedades como Waytravel S.L. y se declaró administrador de Gestión de Transportes VTC Madrid, MGDV y representante legal de Cartera Benmitsu S.L.

La juez de Instrucción 23 de Madrid hace un apercibimiento muy claro en la diligencia de notificación, ya que «podrá incurrir, cuando menos en desobediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posible imposición de multas coercitivas periódicas proporcionales a la cuantía de la ejecución, la resistencia ofrecida y su capacidad económica si no respondiere debidamente al requerimiento (…)».

Los querellantes en esta estafa estiman en cerca de cuatro millones de euros las cantidades estafadas. Esta es la cantidad mínima que los 40 afectados reclaman en la querella presentada el pasado 15 de junio. Estos perjuicios ascenderían aproximadamente al doble si le aplicasen el precio actual de esas mismas licencias y la cantidad presuntamente estafada ascendería a unos ocho millones de euros.

Para hacer frente a una posible responsabilidad civil del investigado, el abogado de las víctimas, Ignacio Palomar, del despacho Servilegal Abogados, ya ha pedido al Juzgado que instruye la macrocausa con todos los afectados que bloquee las cuentas del denunciado y de la empresa Cartera Benmitsu.

De momento los afectados han conseguido que la Fiscalía apoye su petición de realizar dos embargos de manera preventiva, el primero por importe de 126.500 euros y el segundo por valor de 360.598 euros. Sin embargo, el abogado de las víctimas ha pedido en total el embargo preventivo de «bienes suficientes por importe de 3.373.656,07 euros», una cantidad que se antoja escasa porque la querella sufre ampliaciones diarias por la llegada de nuevos afectados. También han pedido ya al juzgado la intervención de «un perito auditor para determinar el valor actual de una licencia VTC en la Comunidad de Madrid, que hoy ronda los 80.000 euros» y la intervención de la UDEF nacional para que averigüe el patrimonio de Rosme Cruz, una intervención ya ordenada por el Juzgado tal y como adelantó OKDIARIO.