Investigación

Hacienda maneja una lista de 705 PEPs españoles

  • Juanan Jiménez
  • Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.

El Ministerio de Hacienda maneja una lista de 705 PEPs (Personas Expuestas Políticamente). Banqueros, altos cargos, jueces y, sobre todo, políticos figuran entre las personalidades que han movido dinero en paraísos fiscales y que están bajo escrutinio de las autoridades españolas por presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y soborno.

Fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el encargado de airear el número de PEPs que están siendo investigados por la Agencia Tributaria por presunta corrupción. La amnistía fiscal del Gobierno del PP hizo que entre los más de 32.000 contribuyentes que se acogieron a la misma en 2012 afloraran estos VIPS del blanqueo de capitales. Altos cargos de la administración, políticos, embajadores, alcaldes y sus familiares que presentaron unos niveles de activos ocultos en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o las Islas Vírgenes que difícilmente se podían justificar con sus ingresos o de los que directamente se desconocía su procedencia.

Alguno de los nombres son ya conocidos, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Josep y Oleguer Pujol se acogieron a la amnistía fiscal y sus nombres hicieron saltar todas las alarmas del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Pero hay muchos más todavía por desvelar.

Estos contribuyentes se encuadran en los que se conoce como Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) y que coordina con el resto de países y los distintos paraísos fiscales el escrutinio de estas «personas que son o han sido titulares de una función pública importante. Debido a su posición e influencia, muchos PEP están en situaciones que potencialmente son objeto de abuso para cometer delitos de blanqueo y otros relacionados como corrupción y soborno».

Precisamente, ese es uno de los puntos que más inquietan a las autoridades españolas. Si se hiciera pública la lista de los 705 PEPs españoles, el impacto social sería de una magnitud enorme.