La juez decreta prisión sin fianza para los jefes de la trama civil del golpe: Sánchez y Cuixart

La juez Lamela ha decretado prisión sin fianza y comunicada para los jefes de la trama civil del golpe de Estado, los presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Tanto él como el presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, están acusados de un delito de sedición por las algaradas callejeras del 20 y el 21 de septiembre en Cataluña y por los disturbios durante la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Previsiblemente serán trasladados al módulo de preventivos de la prisión madrileña de Soto del Real.

Según el auto emitido este lunes por la juez Lamela, eran conscientes de que desarrollaron una «actitud al margen de la Ley». «Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos objeto del presente procedimiento, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los Guardias Civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento», señala.

La magistrada también relata como “miembros de la ANC montaron en la Rambla, junto al Colegio de Periodistas, un puesto para voluntarios, en donde podían recoger un chaleco de diferentes colores y donde se organizaban los turnos de relevo, y cuyos voluntarios, conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial, hicieron un cordón ante la puerta de la Consellería de Economía para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos, mientras gritaban a los Mossos ‘no os merecéis la bandera que lleváis’, intimidando a la Guardia Civil al grito de ‘no saldréis’”.

“Durante el transcurso de la jornada los responsables de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se erigieron como interlocutores de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos 5 veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos. Además, este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionado e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez”.

“Jordi Sánchez, presidente de la ANC, se dirigió a los congregados ante la sede del departamento de Economía arengándolos con expresiones tales como: ‘El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos’. ‘Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa’. Por su parte, el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera. Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la ‘movilización permanente’ desde ese día a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo”.

En un auto emitido la semana pasada, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, les señalaba como «ejecutores de una hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña» en conexión directa con el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras.

El Ministerio Público también había solicitado este lunes la misma medida cautelar para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, aunque fue desestimada por la juez, imponiéndoles la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales en el Juzgado.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia ha dejado en libertad con medidas cautelares a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Teresa Laplana, investigada por el mismo delito. La Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros para la intendente. Sin embargo, la juez rechazaba imponer esta medida cautelar y acordaba como con Trapero su retirada de pasaporte, comparecencias quincenales y la prohibición de abandonar el país.

También comparecían este lunes como testigos dos Guardias Civiles y una secretaria judicial que sufrió el acoso de los independentistas durante la ‘Operación Anubis’ contra los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización del 1-O.