Cosidó destinó 80 agentes a espiar a Bárcenas y a rescatar documentos sensibles de Rajoy, Soraya, Arenas y Cospedal

Ignacio Cosidó, entonces director de la Policía autorizó el operativo de espionaje contra Luis Bárcenas y su familia para recuperar documentos sensibles que afectaban a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. La misión “extrajudicial” –tal como se lo explicaron a los agentes de campo- contó durante más de dos años con 80 policías del Área Especial de Seguimiento (AES) para controlar de cerca los movimientos del ex tesorero del PP, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo. El dispositivo policial estaba formado por 20 mandos y 60 agentes que estaban divididos en seis grupos de 10 agentes cada uno. Para efectuar los controles se relevaban cada tres días en dos turnos: mañana y tarde-noche.

Las órdenes de los seguimientos las trasladaba directamente el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y el operativo se camuflaba bajo una supuesta investigación contra el terrorismo yihadista para justificar la disposición de recursos humanos. Tal era el secretismo que llegaron a ocultar las pesquisas al mismísimo comisario general de Información, Enrique Barón. A esa misma Comisaría General pertenecían tanto la UCAO como el Área Especial de Seguimiento (AES), ambas ubicadas en edificios contiguos del complejo policial de Canillas.

Mientras García Castaño dirigía a los agentes de la AES, el comisario José Villarejo controlaba al chófer Sergio Ríos y demás topos infiltrados en la familia de Bárcenas, a quien se referían en clave con el nombre de ‘El Gomina’. Sin embargo, quien mantenía el hilo directo con Cosidó era García Castaño. Al menos, eso fue lo que desveló el comisario a sus agentes con quienes solía comer una vez al mes o tomar copas en el pub Calway de Canillas. En más de una ocasión, el comisario les confesó que Ignacio Cosidó “estaba informado de todo”.

La orden que recibió la dotación de la vigilancia policial era no perder nunca de vista el domicilio familiar de los Bárcenas y, principalmente, los movimientos de su esposa Rosalía Iglesias. Las pesquisas no resultaron difíciles porque la mujer del tesorero del PP realizaba la mayoría de sus gestiones en los barrios de Salamanca y Chamberí, en el centro de Madrid.
Así mismo, la seguían hasta un pequeño taller de restauración donde trabajaba cerca de su domicilio y a dos cafeterías de la misma zona.

Los agentes sabían desde le principio que se trataba de una misión «extrajudicial»

Los mandos policiales convencieron a los agentes para que se entregaran en cuerpo y alma al operativo con la añagaza de que “estaban poniendo en peligro la integridad de España y a los políticos que nos gobiernan”. Eso sí, desde el principio supieron que aquello era una misión “extrajudicial” y que el objetivo final era la destrucción de las pruebas.

Según Asuntos Internos, como ya informó OKDIARIO, toda la documentación del operativo –incluidos los papeles sustraídos a Bárcenas– fue conservada por el propio García Castaño, aunque sus superiores estaban convencidos de que la había destruido. Sin embargo, la Audiencia Nacional dispone de documentos que hallaron en el domicilio de Villarejo relacionados con la misión secreta.

Una fuente policial conocedora del operativo contra Bárcenas aseguró a este periódico que tanto Villarejo como García Castaño informaban periódicamente del desarrollo de las pesquisas a la cúpula de la Dirección General de la Policía, incluido su director Ignacio Cosidó.

El fin último de la misión era recuperar los papeles y cintas de Bárcenas que afectaban a altos cargos del PP para retirarlos de la circulación y privar a los jueces de toda esa documentación sensible.

Al menos, esa es la conclusión a la que han llegado los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), que han escuchado las cintas encontradas en el domicilio de Villarejo. En ellas el ex comisario conversa con otros mandos policiales y se refiere de manera explicita sobre el operativo contra el ex tesorero del PP.

Diligencias en la Audiencia Nacional

El juez Diego de Egea ha abierto una pieza secreta dentro de la ‘causa Tándem’ que desde noviembre de 2017 se sigue contra José Villarejo y otros policías. La investigación está también en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto Villarejo como García Castaño ya han solicitado al Juzgado declarar ante el juez sustituto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Castaño ha pedido al Juzgado que se le exima por parte del Consejo de Ministros de la obligación de secreto del funcionario porque las investigaciones que les afecta están catalogadas de “reservadas”. Villarejo se encuentra en una misma situación.

Los agentes de Asuntos Internos disponen de conversaciones entre Castaño y Villarejo, grabadas por este segundo, en las que ambos se extienden sobre la misión contra Bárcenas para recuperar los documentos que afectaban a miembros del Gobierno y del PP.

Sin embargo, fuentes judiciales declararon a OKDIARIO que para declarar sobre la operación irregular contra Bárcenas los comisarios no necesitan ningún tipo de permiso gubernamental. Y lo argumentan: “En ningún momento el operativo policial fue reservado, en todo caso fue secreto e ilegal”.

Una operación sin móviles privados

Tan secreta era la operación de los funcionarios del Área de Seguimiento que sus superiores les prohibieron hacer uso de sus móviles personales cuando estuvieran de servicio. Tenían las órdenes estrictas de dejarlos en las dependencias policiales y de usar exclusivamente los aparatos operativos de la Policía.

Según ha podido saber OKDIARIO, los agentes que perseguían día y noche a los miembros de la familia Bárcenas estaban aleccionados para preservar la confidencialidad de las pesquisas. Los policías iniciaron los seguimientos meses antes de que Bárcenas ingresara en la prisión madrileña de Soto del Real en junio de 2013.

Cosidó niega haber sido informado

La reacción de Ignacio Cosidó a la operación desvelada por OKDIARIO a preguntas de los periodistas ha sido la de negación. El entonces director de la Policía ha declarado que no fue «informado» de dicha operación por el comisario general y, por tanto, ha desmentido su implicación.