La represión del dictador Maduro deja 35 muertos y 850 detenidos tras las últimas manifestaciones

Provea y el Observatorio del Conflicto han documentado 35 muertes en el marco de las marchas opositoras, así como «ocho ejecuciones en operativos después de las protestas».

La mayoría de las víctimas mortales se han producido en Caracas (10) y Bolívar (8), seguidos de Portuguesa (4), Amazonas y Barinas (3 cada uno), Táchira y Monagas (2 cada uno) y Yaracuy, Mérida y Sucre (uno cada uno).

Por su parte, Foro Penal ha cifrado en 850 las personas detenidas desde el 21 de enero, incluidos 77 menores de edad, la mayoría en zonas populares. «Hasta la fecha –28 de enero de 2019– hay 976 presos políticos y seguimos contando», ha dicho Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, en una rueda de prensa ofrecida por las ONG.

El director de Provea, Rafael Uzcátegui, ha subrayado la importancia de que las víctimas y sus familias denuncien los hechos. «Necesitamos sus denuncias para poder castigar a los violadores de Derechos Humanos», ha señalado.

Según Uzcátegui, las autoridades venezolanas están presionando a las familias de los fallecidos para que omitan la participación de agentes del Estado en estos crímenes bajo amenaza de no entregar los cadáveres.

Voluntad Popular (VP), uno de los partidos más importantes de la oposición venezolana, ha dado su propio balance cifrando en 43 los muertos y 956 los detenidos desde el 21 de enero. «En Venezuela, lamentablemente, se repite una vez más el escenario de represión contra los venezolanos», ha dicho la diputada Adriana Pichardo, según un comunicado de VP.

Pichardo ha acusado de esta violencia a los agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que fueron el cuerpo elegido por el Palacio de Miraflores para sofocar las manifestaciones opositoras.

Además, ha asegurado que el número de presos políticos también ha aumentado. «En nuestro país hay 402 presos políticos y, si sumamos las detenciones arbitrarias ejecutadas durante los últimos días, tenemos una cifra de más de mil personas víctimas de un régimen que utiliza el sistema de justicia para callar a un pueblo», ha dicho.

La también diputada Delsa Solórzano ha incidido en que «hay niños detenidos de 12, 13 y 14 años de edad». «Yo sé que para el régimen es difícil aplicar la legalidad, pero (los menores) son inimputables, como lo dicta la legalidad venezolana», ha recordado.

Las manifestaciones opositoras se reanudaron el pasado miércoles, después de las grandes oleadas de 2014 y 2017, para exigir la dimisión de Maduro y nuevas elecciones.

En medio de las protestas antigubernamentales, Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela. Ya ha recabado el reconocimiento de Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región.