Un juez bloquea la construcción del salón de baile de Trump de 400 millones en la Casa Blanca
El salón de baile de la Casa Blanca de Donald Trump será financiado por donaciones privadas
- Marta Torres
- Corresponsal internacional. He escrito en La Razón, El Mundo, Wall Street Journal Edición Américas.
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Un juez federal en Washington ha ordenado la paralización temporal de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. El proyecto, valorado en unos 400 millones de dólares, es una iniciativa de Donald Trump. Está financiado por donaciones privadas. La decisión ha sido adoptada por el juez Richard Leon tras la petición presentada por el National Trust for Historic Preservation. Esta organización ha solicitado la suspensión inmediata de las obras mientras se resuelve una demanda presentada por el citado grupo. En la misma, sostiene que el proyecto vulnera las normas de protección del patrimonio histórico de la residencia presidencial y que no cuenta con la autorización necesaria del Congreso. El juez fue nombrado por el ex presidente republicano George W. Bush.
Según la resolución judicial, el magistrado considera que existen argumentos sólidos para pensar que la parte demandante podría tener razón en su interpretación, especialmente en lo relativo a la falta de competencia del poder ejecutivo para aprobar por sí solo una obra de esta magnitud. En este sentido, subraya que el proyecto podría requerir aprobación del Congreso previa.
El juez Richard Leon, nombrado en su día por el ex presidente republicano George W. Bush, ha dejado, sin embargo, una vía abierta para la continuidad del proyecto. En su auto, señala que el Congreso aún podría autorizar formalmente la construcción y financiación del salón de baile, lo que permitiría reactivar las obras si se obtiene el respaldo legislativo necesario.
Dudas sobre la legalidad del proyecto
Mientras tanto, la administración Trump defiende que el proyecto es legal al estar financiado mediante donaciones privadas canalizadas a través del Servicio de Parques Nacionales, lo que, según su interpretación, le otorgaría encaje jurídico sin necesidad de aprobación del Congreso. No obstante, los grupos conservacionistas y los demandantes insisten en que cualquier intervención de esta envergadura en un edificio de alto valor histórico requiere supervisión y autorización del poder legislativo.
La resolución judicial también introduce una medida intermedia: la suspensión de las obras será temporal, aunque se permite la realización de trabajos estrictamente necesarios para garantizar la seguridad del recinto y sus instalaciones. De este modo, el tribunal busca evitar daños o riesgos mientras se desarrolla el litigio principal.
Este episodio se enmarca en un proceso judicial más amplio que se ha desarrollado durante semanas. En una fase previa, el propio juez había rechazado una petición de paralización inmediata al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios, aunque instó a los demandantes a reforzar sus argumentos, lo que finalmente ha desembocado en la actual orden de suspensión.
Con esta decisión, el futuro del salón de baile de la Casa Blanca queda ahora condicionado tanto al avance del procedimiento judicial como a una eventual intervención del Congreso. El caso ha reabierto el debate en Estados Unidos sobre los límites del poder ejecutivo, la protección del patrimonio histórico y el uso de financiación privada en proyectos vinculados a la sede presidencial.
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