Las fuerzas de Maduro allanan la casa de la fiscal general Luisa Ortega, destituida por la Constituyente

Las fuerzas de seguridad venezolanas han irrumpido este miércoles en la vivienda de la legítima fiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, después de que su sustituto solicitara una orden de arresto contra su marido, el diputado Germán Ferrer.

Fuentes citadas por el periódico El Nacional han confirmado el allanamiento de la vivienda de Ortega Díaz en el barrio caraqueño de La Florida, sin que se tenga constancia en un primer momento de los motivos exactos de este despliegue policial.

Ortega Díaz fue apartada del cargo por la ANC en cuanto se constituyó este órgano, como represalia por las críticas vertidas en los últimos meses contra el Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. El chavismo pone ahora en el punto de mira a su marido, miembro de la Asamblea Nacional en representación del partido gobernante.

El ilegítimo fiscal general, Tarek William Saab, —quien era el Defensor del Pueblo— ha mostrado en rueda de prensa una serie de documentos que acreditarían la existencia de una trama corrupta en el seno del Ministerio Público y que recogen, entre otras cuestiones, la apertura de cuentas para cobrar el dinero procedente de actividades extorsivas, según han informado medios venezolanos.

Saab ha pedido a la ANC que retire la inmunidad parlamentaria de Ferrer y ha reclamado, además, la detención de dos fiscales: Pedro Lupera y Luis Sánchez. También ha informado del arresto de otros cuatro funcionarios en los últimos 10 días por el presunto cobro de comisiones irregulares.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello —hombre fuerte del régimen, contacto con los militares y acusado en EEUU de ser un capo del narcotráfico— ha acudido este miércoles a la sede del Ministerio Público junto a otros compañeros de la Asamblea Constituyente para denunciar precisamente esta «gran red de extorsión».

Entre las peticiones formuladas figura la detención de las personas que han sido señaladas por las irregularidades, que se remontarían al año 2014.