La fiscal general de Venezuela ignora las amenazas del Tribunal Supremo de Maduro y mantendrá su ofensiva

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha rechazado el último pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su contra, que despeja el camino para que sea destituida, por considerar que es inconstitucional, y ha prometido que seguirá con sus críticas al Gobierno de Nicolás Maduro por las «graves» violaciones de los Derechos Humanos y la vulneración democrática que se ha producido en la nación caribeña.

El pleno del TSJ admitió el martes la solicitud de antejuicio de mérito contra Ortega Díaz solicitada por el diputado ‘chavista’ Pedro Carreño por «la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo», lo cual abre la puerta a que la jefa del Ministerio Público sea juzgada e incluso destituida, aunque en este último caso el alto tribunal debería contar con el respaldo de la Asamblea Nacional, que ya se ha posicionado del lado de la fiscal general.

Carreño argumenta que Ortega Díaz «mintió» y trató de «dañar la honorabilidad del Poder Ciudadano» porque pidió al TSJ que anulara la designación de todos sus magistrados -tanto titulares como suplente–, a pesar de que firmó el acta del Consejo Moral Republicano que dio luz verde a dicho nombramiento.

La elección de los actuales magistrados del TSJ es una cuestión controvertida porque la hizo el Parlamento ‘chavista’ después de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -coalición opositora- ganara las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y antes de que los nuevos diputados tomaran posesión del cargo el 5 de enero de 2016 cambiando el equilibrio de poder en la Asamblea Nacional.

«La decisión del TSJ sobre el antejuicio de mérito es contraria al orden constitucional», ha sostenido Ortega Díaz en una entrevista concedida este miércoles a la emisora venezolana Circuitos Éxito, en la que ha insistido en que «algunos magistrados tienen una parcialidad sospechosa», «no poseen credenciales» y, por tanto, «no cumplen los requisitos» para ocupar una silla en el alto tribunal.

Para Ortega Díaz al acción judicial de Carreño, que ya intentó que el TSJ la destituyera alegando «insanía mental», es una maniobra de distracción para alejar la atención ciudadana del problema de fondo: «Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana» porque «se está desmantelando el Estado de Derecho» para implantar «un Estado de terror».

En lo tocante al Poder Judicial, ha denunciado un «estado de descomponsición» que trata de alcanzar igualmente al Ministerio Público. «Quizás se está cerrando la última puerta de la democracia», ha alertado y, en consecuencia, ha prometido «avanzar hasta donde la legalidad lo permita» para impedir que esto ocurra.

«Oscuro panorama»

Luisa Ortega se ha referido a la situación general de Venezuela y ha augurado «un oscuro panorama» porque «se pretende anular cualquier disidencia política». Como ejemplo ha mencionado la brutalidad empleada para reprimir las manifestaciones contra el Gobierno, que, según ha detallado, ha dejado ya un balance de 74 muertos y 1.413 heridos, la gran mayoría civiles.

«Estoy en contra de que las manifestaciones se tornen violentas, deben ser pacíficas», ha defendido pero también ha llamado la atención sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que ha derivado en «graves casos de violación de los Derechos Humanos». «Los hombres de Estado deben asumir con seriedad su responsabilidad», ha reclamado. «Es lamentable la pérdida de tantos venezolanos», ha apostillado.