El CHP solicitará al Constitucional de Ankara que revise la ley de amnistía aprobada por el coronavirus

El Partido Republicano del pueblo (CHP, por sus siglas en turco) tiene previsto solicitar ante el Tribunal Constitucional de Ankara la anulación de una controvertida ley de amnistía que permite la liberación de unos 90.000 reclusos. El objetivo de esta nueva norma, que excluye a periodistas y políticos, es descongestionar las prisiones, ante el inminente brote de coronavirus, en el que han muerto más de 1.500 personas.

La decisión del CHP de apelar ante la Corte Suprema de Turquía se tomó pocas horas después de que el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan y su aliado, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), apoyaran este proyecto de ley que, fue aprobado, con 279 votos a favor y 51 en contra.

El único delito que han cometido algunos de los periodistas, intelectuales y académicos que están encerrados en las prisiones de Turquía ha sido mostrar su opinión. Por esta razón, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han acogido con beneplácito las medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones, pero han criticado que esta ley no afecte a todos los reclusos por igual. Los principales partidos de la oposición también se han sumado a esta queja y temen que la liberación de determinados delincuentes provoque un aumento de la delincuencia.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su partido han acusado en reiteradas ocasiones al movimiento de Gülen de estar detrás del golpe militar que tuvo lugar hace cuatro años, algo que éste último niega firmemente. Desde entonces, Ankara ha investigado a más de 130.000 funcionarios públicos y ha ordenado la detención preventiva de cerca de 50.000 personas, entre las que se incluyen académicos, abogados o periodistas.  El Ejecutivo de Ankara no entiende ni de ideologías ni de opiniones. Por ello, durante los últimos años, muchos activistas y políticos kurdos que, según el Estado, tienen vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) también han acabado en la cárcel.

Antes de que se aprobara esta ley, un diputado del CHP Turan Aydogan lamentó que se “encerrase a quien critica”. “Perdonas a la mafia y a bandas criminales; en cambio no perdonas a los periodistas que escriben la verdad, ni tampoco a los que quieren la paz”, añadió. Por su parte, Mustafa Yeneroglu, un ex diputado del AKP que ahora es miembro del nuevo Partido para la Democracia y el Progreso (DEVA), lamentó que el proyecto de ley de amnistía profundice aún más en las divisiones que existen en la sociedad. “Hay una polarización extrema”, manifestó a través de la red social Twitter.

Además, el principal partido de la oposición ha presentado una moción parlamentaria solicitando una investigación sobre el origen de las donaciones realizadas a la Fundación Türken, una organización con sede en Estados Unidos, vinculada con el partido liderado por Erdogan, según ha informado el digital Duval English.  En 2019, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, informó de que la fundación había recibido donaciones por un valor de 56,5 millones de dólares desde su creación.

El líder del CHP ha pedido a la fundación — durante una entrevista en el canal T24– que devuelva el dinero que recibió de las instituciones políticas turcas. “Se transfirió un total de 56,5 millones de dólares a la Fundación Türken entre 2014 y 2018. Es necesario investigar cómo se hicieron estas transferencias y quién las hizo. Sólo en 2018, unos 22,5 millones de dólares fueron transferidos desde Turquía a esta fundación”, explicó el diputado de CHP Tekin Bingöl durante un discurso en el parlamento el pasado 14 de abril, según recoge Duval News. “De estos 22,5 millones de dólares, sólo 70.000 son donaciones; entonces, ¿qué es el resto de dinero? Son fondos públicos transferidos desde Turquía. No es posible demostrar o defender lo contrario”, añadió.