Zoido responde a Sánchez sobre el delito de rebelión: «Es un ataque al poder judicial»

El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha considerado este sábado que las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el delito de rebelión podría no ser aplicable al caso del 1-O es un «ataque al poder judicial».

«No se puede justificar si hay delito de rebelión o no, si la pena es adecuada o no, si debe indultarse a las personas que puedan resultar condenadas. Es un ataque al poder judicial y a la separación de poderes», ha criticado Zoido en declaraciones a la cadena COPE.

Por otro lado, el exministro en el Gobierno de Mariano Rajoy ha afirmado que el «principal responsable» del 1-O fue el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien además «se jacta de haber sido el instigador».

Zoido ha subrayado que Puigdemont «sigue manifestando una voluntad deliberada de faltar al cumplimiento de la normativa» no solo constitucional sino también del Estatut, y cree que la «vuelta a normalidad» del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, puede ser solo una «estrategia».

Rivera

Zoido se une así en sus críticas a Sánchez al líder de Ciudadanos, Albert Rivera,  que ha cargado este sábado duramente contra Sánchez tras sugerir éste que los líderes independentistas procesados podrían no haber cometido un delito de rebelión.

En este escenario, ha denunciado que «algunos, por estar un cuarto de hora más» en la Moncloa «sin haber pasado por las urnas», puedan ser «capaces de vender y de sacrificar» a los demócratas, a la mayoría de los catalanes, a jueces y a fiscales.

«Yo, entre demócratas y golpistas, me quedo con los demócratas»; «entre los jueces y los fiscales y los que han intentado liquidar el Estado de derecho, me quedo con los jueces y los fiscales», ha dicho Rivera, quien ve «impresentable» que el jefe del Ejecutivo actúe como «abogado» y «juez» de los procesados.

Rivera ha atribuido el cambio de criterio de Sánchez sobre los soberanistas presos a lo que ha llamado el «pacto de la cárcel», con el que en su opinión se han cambiado «impunidad» e «indultos» por los Presupuestos Generales del Estado.