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Congreso de los Diputados

Vox ve «ilegal» el veto de Sánchez a la equiparación de Policía y Guardia Civil y se opondrá en el Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez se opone a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular presentada por Jusapol para la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Vox considera que el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Jusapol para pedir la equiparación salarial es «ilegal» y se opondrá en la reunión de la Mesa del Congreso que habrá de decidir sobre la iniciativa. La mayoría de izquierdas en este órgano, sin embargo, asegura al Ejecutivo tumbar dicha propuesta.

El Gobierno comunicó a la plataforma, que agrupa a policías y guardias civiles, que era «insostenible» igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios, ya que cada administración tiene sus competencias en esta materia.

El veto fue rápidamente contestado desde Jusapol, criticando el «chantaje del independentismo radical» y acusando a Sánchez de «abandonar» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según fuentes gubernamentales recogidas por Europa Press, la iniciativa no se pude tramitar porque el Ministerio del Interior, alegan, está ya llevando a cabo el acuerdo sobre equiparación. «Ya se está haciendo un esfuerzo muy grande que supone una subida de media del 20%», citan esas fuentes. No obstante, cabe recordar que por ahora no se ha ejecutado aún el tercer tramo comprometido.

Jusapol y sus marcas en Policía (Jupol) y Guardia Civil (Jucil) han anunciado una campaña de movilizaciones «más efectivas y contundentes» contra esta decisión que, en su opinión, «consolida el desprecio» del Gobierno de Pedro Sánchez hacia ellos.

En noviembre de 2018, PSOE y PP permitieron que el Congreso tramitara la ILP de Jusapol, avalada por 550.000 firmas ciudadanas. No obstante, los socialistas defendieron entonces que la propuesta original era «contraria a preceptos constitucionales» y «abría diferencias entre funcionarios del Estado» que también cobran sus sueldos dependiendo del criterio de las administraciones autonómicas y locales.

La diputada de Vox Macarena Olona considera que el veto es «ilegal» porque «no tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional no puede vetar iniciativas que se refieran a presupuestos futuros».