Varios diputados del PSOE no aplauden durante la intervención de su portavoz

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 15/03/2018 12:18
  • Actualizado: 15/03/2018 12:35

El debate sobre la prisión permanente revisable, este jueves en el Congreso, ha provocado un visible malestar en la bancada del PSOE, partido que ha apoyado su derogación. Los diputados socialistas han acudido divididos y eso se ha evidenciado en el mismo momento de la intervención del portavoz Juan Carlos Campo, encargado de defender la postura del grupo, y al que varios parlamentarios no han aplaudido.

La intervención de Campo ha elevado la tensión en el debate, sobre todo, por sus críticas a PP y C’s, a los que ha acusado de «utilizar el dolor» de las víctimas.

Incluso ha pedido un «esfuerzo» a los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, invitados al hemiciclo, para » ver que la actuación del PSOE es de respeto absoluto a las víctimas».

Campo ha acusado al Gobierno y, expresamente, al ministro de Justicia, Juan Ignacio Zoido, de “mancillar” a las víctimas por llevar la bufanda del pequeño Gabriel, el día de su funeral. Se trata de una prenda que su madre, Patricia, siempre llevaba en la mano durante los días de búsqueda y que ella misma regaló al ministro en señal de agradecimiento por el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.

La bufanda se la cosió la abuela de Gabriel, que llevó con él esta prenda el fin de semana anterior a su desaparición en unos días que pasó en la nieve, donde los padres han recordado que el pequeño fue muy feliz. Patricia se la obsequió al ministro en la Diputación de Almería, donde estaba el féretro del pequeño.

El apoyo del PSOE ha resultado fundamental para que la derogación de la prisión permanente siga su trámite. El Congreso ha rechazado dos textos alternativos de PP y C’s que defendían la vigencia de esta figura punitiva ampliando supuestos de su aplicación, en el caso de los populares, y endureciendo el acceso de los beneficios penitenciarios, en el de Ciudadanos.

La prisión permanente fue aprobada por el Gobierno en 2015. El PSOE presentó un recurso ante el TC, que quedará archivado en cuanto se derogue.