UGT Madrid tardó 17 meses en denunciar la estafa que sus directivos conocían desde julio de 2020

La dirección de UGT Madrid tuvo conocimiento de un fraude millonario con cheques del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) desde al menos julio de 2020, según la documentación obrante en el sumario del caso de la estafa millonaria. Sin embargo, la denuncia no se presentó hasta el 10 de diciembre de 2021, después de que el propio secretario general del sindicato afirmara que «si la organización le pide no denunciar, él se debe a la organización». Diecisiete meses de silencio que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a una decisión deliberada de presunto encubrimiento.

El caso gira en torno a Mayka Tomás López, empleada administrativa de UGT Madrid que habría gestionado en exclusiva los cobros de Fogasa correspondientes a trabajadores afiliados al sindicato.

Según la investigación policial, desvió fondos mediante cheques falsificados hacia cuentas de su entorno: su marido y dos empleadas del sindicato, amigas suyas. La entidad bancaria ING Direct confirmó que 44 cheques por un importe total de 464.971,55 euros fueron ingresados en cuentas de estos tres investigados, sin que ninguno de ellos figurara como beneficiario legítimo en la documentación aportada por UGT.

La trama tiene sus raíces, según los documentos policiales, al menos en 2018, año en que la cuenta contable destinada a los pagos de Fogasa quedó a saldo cero. A partir de entonces, los pagos empezaron a contabilizarse como gastos, una anomalía que el asesor jurídico del sindicato detectó a mediados de 2020 al revisar la contabilidad.

Su conclusión fue que «UGT Madrid había desviado fondos públicos para gastos propios», según recoge un oficio policial de la UDEF que desvela OKDIARIO.

A finales de 2019, otro empleado del sindicato ya había alertado de que había trabajadores que reclamaban cobros de Fogasa que supuestamente ya habían sido abonados a UGT.

No querían «levantar la liebre»

La respuesta de la dirección fue no investigar. El asesor jurídico propuso solicitar al Fogasa una relación de todos los expedientes gestionados por el sindicato. Sin embargo, la ejecutiva le respondió que eso sería «levantar la liebre» y que «en ese momento UGT no tenía dinero para afrontar esos pagos».

En julio de 2020, el entonces secretario de Administración de UGT Madrid comenzó a sospechar abiertamente de Mayka Tomás López, llegando a estimar que «de cada cinco cheques de Fogasa, dos pueden ser reales y tres para ella y para sus amigas».

Este hombre puso los hechos en conocimiento de Luis Miguel López Reillo, secretario general –que luego dimitió por este tema–, y de un asesor económico externo. Ambos le dijeron que no lo denunciara.

En diciembre de 2020, el propio López Reillo encargó al encargado jurídico la gestión de los cheques. Rellenaron cinco, los fotocopiaron y comprobaron que no habían sido cobrados. Cuatro días después, López Reillo devolvió la gestión íntegra a Mayka.

En enero de 2021, un miembro de UGT acusó formalmente a Makya Tomás López ante López Reillo y Rivera de quedarse con dinero de Fogasa, y presentó su dimisión.

En julio o septiembre de ese mismo año, una reunión con el Confederal de UGT a nivel estatal zanjó la cuestión de forma taxativa: Luis Pérez Capitán, Secretario de Recursos y Estudios, ordenó que «todo tenía que seguir como estaba».

Encubrimiento sindical

El 12 de noviembre de 2021, un intercambio de mensajes de WhatsApp entre López Reillo y el asesor jurídico, incorporado al atestado policial, revela que el secretario general solicitó nombres y DNI de beneficiarios de cheques y preguntó «¿pero de qué año eran?». Esto, según la UDEF, «pone de relieve que Luis Miguel Reillo era conocedor de que los hechos venían ocurriendo con anterioridad al año 2021».

El 15 de noviembre de 2021 se celebró una reunión formal en la sede de Avenida de América, en Madrid. El día 24 del mismo mes, en otra reunión con el Confederal, se tomó una decisión que la UDEF califica de acto de ocultación: depositar en la caja fuerte del despacho del Confederal los documentos originales que acreditaban los pagos.

Esa misma noche, Mayka llamó al asesor jurídico al teléfono y demostró conocer el contenido de la reunión. Según el experto en derecho, le indicó que la había alertado el vicesecretario de Política Sindical.

Implicación de Pepe Álvarez

A finales de noviembre, Pepe Álvarez, secretario general de UGT a nivel estatal, ordenó directamente que no se presentara denuncia. Cuando tres trabajadores acudieron a recoger los documentos de la caja fuerte para adjuntarlos a una eventual denuncia, el secretario Pérez Capitán se negó a entregarlos.

La inquietud del asesor jurídico fue en aumento, valorando que la negativa «bien estaba motivada por incompetencia o bien por complicidad para ocultar los hechos por parte del propio sindicato».

Finalmente, fue la presión de dos empleados —quienes amenazaron con denunciar «aun sin la anuencia de la organización»— lo que llevó a López Reillo a presentar la denuncia el 10 de diciembre de 2021.

UGT Madrid cifra en 657 los cheques presuntamente manipulados y en 4.616.385,35 euros el importe de la defraudación. A esa cantidad habría que sumar otros 162.958,65 euros por el uso fraudulento de la tarjeta corporativa del secretario general, según un informe pericial contable de la empresa Audiwork fechado en septiembre de 2022.

El sindicato Solidaridad –afín a Vox–, personado en la causa como acusación, denunció este extremo ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando que UGT sea investigada como persona jurídica, al entender que la organización no fue solo víctima, sino también partícipe. La juez instructora, Concepción Jerez García, ha rechazado esta petición por considerar que UGT es la perjudicada.