La UE amenaza a Sánchez con sanciones por usar fondos europeos para contratar a Barrabés, socio de Begoña
La Comisión confirma que ha elevado la cuestión a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Bruselas planea tomar "todas las medidas necesarias para salvaguardar intereses financieros de la UE"
La Comisión Europea ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que podría recibir sanciones por haber contratado a Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, en la empresa pública Red.es con fondos europeos después de que la esposa del presidente firmara varias cartas de recomendación a favor del empresario. El Ejecutivo comunitario avisa de que, «si se confirmara que existieron irregularidades», podría imponer «la suspensión de los pagos» o exigir la «recuperación de fondos».
La institución europea encabezada por la alemana Ursula Von der Leyen se ha manifestado así a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta para contestación por escrito de los eurodiputados de Vox Jorge Buxadé y Hermann Tertsch. Se trataba de una iniciativa sobre los «contratos irregulares vinculados con Begoña Gómez e investigados por la Fiscalía Europea».
Hace un año que se abrió el caso contra la esposa del líder socialista en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Juan Carlos Peinado. En esa causa se investiga la contratación de Barrabés después de que la esposa del líder socialista remitiera unas cartas de recomendación a favor de la adjudicación de contratos públicos a la empresa Innova Next SLU y a la unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte su socio. Esto habría permitido que el empresario consiguiera contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros
Y es especialmente relevante porque Barrabés es el ideólogo y gurú de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que codirige Begoña Gómez, a pesar de que, como reveló OKDIARIO, ella no cuenta con una titulación oficial. Ahora, Begoña Gómez está siendo investigada, lo que antes se conocía como imputada, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral y apropiación indebida.
Solicitud de información a la Comisión
Los representantes de Vox se interesaron por saber si la Comisión «tiene conocimiento» del caso de la mujer del presidente, que actualmente también está investigando la Fiscalía Europea, encargada de revisar presuntas malversaciones de dinero comunitario.
A su vez, Buxadé y Tertsch interrogaron sobre si la Comisión ha elevado la cuestión a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y si ha «solicitado información a las autoridades españolas para garantizar la protección del interés financiero de la Unión».
Por último, preguntan si el ente europeo «iniciará los procedimientos reglamentarios de recuperación de los fondos públicos en caso de probarse que se adjudicaron irregularmente».
«Todas las medidas necesarias»
La Comisión confirma que «está al corriente de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Europea» sobre el caso Begoña Gómez, aunque reconoce que no va a interferir su trabajo «autónomo». Por eso, el Ejecutivo europeo asegura que «esperará a conocer los resultados de la investigación una vez que puedan hacerse públicos».
En todo caso, sí que aclara que «la Comisión ha estado en contacto con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y las autoridades españolas en relación con esta cuestión».
La institución encabezada por Von der Leyen confirma que está pendiente del asunto que vincula a Begoña Gómez. Y aclara que conforme avance la investigación, «estudiará detenidamente las conclusiones y adoptará todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar los intereses financieros de la UE». Entre esas posibles sanciones está «la interrupción o suspensión de los pagos, la aplicación de correcciones financieras o la recuperación de fondos».
«Si se confirma que existieron irregularidades, estas darán lugar a un seguimiento específico, y se acordarán con las autoridades del programa en cuestión las medidas correctoras que sean necesarias para hacer frente a las infracciones detectadas, en particular los problemas sistémicos subyacentes», concluye el Ejecutivo comunitario.
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