El TS asume la causa contra el Govern rebelde y ‘los Jordis’ pero la Audiencia se queda con la de Trapero

El Tribunal Supremo ha asumido la investigación de las causa contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, los miembros del Govern cesados y ‘los Jordis’. La Audiencia Nacional seguirá la instrucción contra el exmayor de los Mossos D’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Así la ha decidido el magistrado de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Pablo Llarena, instructor de la causa contra la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.

La decisión del Alto Tribunal tampoco cumple en su totalidad la pretensión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que había planteado la inhibición total. La magistrada seguirá adelante de esta forma con la investigación de «Trapero, el resto de los Mossos D’Esquadra y los cargos políticos de la Generalitat por debajo de los consejeros cesados».

El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, recuerda en su auto de 13 páginas «la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso secesionista». 

En el mismo auto, explica que la doctrina del Tribunal Supremo sobre la extensión de competencia en hechos cometidos por personas no aforadas «sólamente es procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas». Recuerda que la unificación del procedimiento tiene una finalidad funcional, concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento.

En el presente caso, Llarena señala que «uno de los delitos investigados es el de rebelión,  que tiene un carácter  plurisubjetivo, con una pluralidad de partícipes, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto». No obstante, el magistrado considera que no se observa esa  conexión material inescindible en la actuación de todas las personas investigadas en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

El juez distingue  entre “la actuación de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Omnium,  hasta el punto de que sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión”, y la actuación de los Mossos que describe Lamela en su informe, así como la de un conjunto de personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes cuestionadas.

Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y aquellas otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación no impiden que puedan examinarse de manera autónoma, “son así participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados”.

Entre estas intervenciones, explica Llarena en su auto, “está la de quienes se encontraban subordinados, en este caso concreto, al consejero de Interior: D. Josep Lluis Trapero y Dª Teresa Laplana Cocera. Sin perjuicio de que pueda resultar necesario revisar la decisión en un futuro, su participación, por relevante que sea, no compromete la calificación y el enjuiciamiento que pueda surgir de esta causa especial, no pudiéndose modificar la competencia ordinaria por no concurrir el elemento de la inescindibilidad respecto de ellos”.

A partir del auto del juez Llarena, quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas: el expresident, Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers cuya entrega España ha reclamado a Bélgica (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los 8 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva en España (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila, y los expresidentes de ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament a los que ya investigaba.

La juez Lamela a favor

Este martes, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia remitía al Supremo su exposición razonada sobre el caso de los exconsellers catalanes investigados por rebelión, sedición y malversación, y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, investigados por sedición.

La magistrada consideraba que la causa contra el Govern se debe acumular en el Tribunal Supremo porque se está investigando “a los miembros de una compleja organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario”.

Lamela sostenía en su informe de 35 páginas que los delitos investigados “son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. «Los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles” añadía.

Además, explicaba el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas  vinculadas al llamado Diplocat.

La juez de la Audiencia Nacional también describía los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

De ahora en adelante, el futuro procesal de los 8 exconsellers encarcelados por la juez Lamela está en manos del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa permanecen encarcelados desde el pasado 2 de noviembre.

Y La Fiscalía en contra…

Tal y como avanzaba OKDIARIO, el Ministerio Público se mostraba en contra del criterio de la juez Lamela y planteaba que la investigación de los no aforados, como es el caso del expresidente catalán, Carles Puigdemont y sus exconsellers, así como el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, debía seguir en manos de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía advertía que «su condición podía cambiar si son elegidos diputados autonómicos» en los próximos comicios autonómicos de Cataluña del 21 de diciembre, ya que en ese caso pasarían a estar aforados y se tendría que volver a emitir un dictamen sobre su futuro procesal.

El Ministerio Fiscal argumentaba que mantener la investigación de la Audiencia Nacional evitaría una macrocausa, que «no es conveniente porque ralentizaría la actuación judicial», y destacaba que «el principio de unidad de actuación de la Fiscalía garantizaría una aplicación uniforme de la ley en ambos órganos judiciales».