La treta de la Generalitat para hacer oficial el censo del referéndum: que se inscriban los que quieran votar

Para celebrar un proceso electoral o referéndum es necesario, en primer lugar, tener un cuerpo electoral que lo legitime. Pero si se trata de un referéndum ilegal, el Estado no puede prestar el censo oficial. Es el problema que intentan solucionar a marchas forzadas las fuerzas independentistas.

Desde la Generalitat sostienen en privado que tienen «los datos necesarios» pero necesitan legitimarlos para no incurrir en ninguna ilegalidad que lleve a actuar de inmediato al Tribunal Constitucional. La mayoría de ayuntamientos tampoco se presta a dejarles el padrón municipal, ya que además estarían incurriendo en un delito.

Por ello, entre las opciones que barajan se encuentra la de avalar el censo mediante los datos que posee el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) con un sistema de gestión informatizada. El problema es que la Generalitat estaría estudiando con esta opción cómo podría tener acceso sin vulnerar la Ley de Protección de Datos.

Otra de las opciones que también estarían barajando es la de construir un censo a partir de las votaciones y sobre la marcha. Es decir, los catalanes que acudieran a votar en este referéndum ilegal deberían de registrarse previamente para emitir su voto después. Un sistema que no convence a todas las fuerzas que apoyan el proceso.

La mayoría parlamentaria de la CUP y Junts pel Sí discuten estos días si incluir la introducción legal del referéndum y los mecanismos de convocatoria en las leyes de desconexión que prevén aprobar en el Parlament catalán o si aprobarlas como otra ley de manera separada y previamente.

La clave, según estas fuerzas, reside en que no pueden aprobar primero las leyes de desconexión antes de celebrar el referéndum. De lo contrario, en lugar de ser un referéndum vinculante sería ratificatorio.

El voto de los catalanes en el extranjero

El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, aseguró este jueves que la Generalitat trabaja para que los catalanes que residen en el extranjero puedan votar en el referéndum del 1 de octubre: «Nuestro compromiso es que desde el exterior también se pueda votar».

Romeva criticó que la gente «que vota desde el exterior se ha sentido maltratada» en todos los procesos electorales hasta ahora, donde la votación desde el extranjero depende del Estado. Explicó que el Parlament aprobó recientemente una ley de la comunidad catalana en el exterior que incluye crear un registro al que pueden apuntarse voluntariamente los catalanes que viven fuera, unos 200.000.

Preguntado por si este registro servirá para facilitar la participación en el referéndum, ha respondido que sirve para saber quién vive en el extranjero, para que así la Generalitat pueda dirigirse a ellos y proporcionarles «servicios de todo tipo».

El consejero recordó que la responsabilidad del voto en el exterior en este referéndum recae en su departamento pero también en el de Gobernación, que promueve implantar el voto electrónico para los catalanes que viven en el extranjero.

La última referencia sobre la posibilidad de que los catalanes voten desde el extranjero la aportó la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, en una comparecencia en el Parlament en enero de este año. Fijó dos condiciones para implementar el voto electrónico en el referéndum para los catalanes que residen fuera: que el Parlament apruebe definitivamente la ley que regula esto, y que la posibilidad de votar a través de esta modalidad se incluya explícitamente en el decreto de convocatoria del referéndum.

«Si el decreto de convocatoria lo prevé, el instrumento, lógicamente, tendrá que estar disponible», añadió Borràs, de cuya consejería depende la celebración de los procesos electorales en Cataluña. Romeva explicó que el papel de la Generalitat actualmente en las relaciones internacionales es «explicarse», tanto desde el plano político como el social, el económico y el cultural. Aseguró que encuentra receptividad aunque no sean tratados como Estado: «No somos Estado y por lo tanto no nos pueden tratar con rango de Estado. Pero está claro que tenemos relación».