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Tribunales

Tres actas municipales demuestran que el delito de prevaricación del acosador Salazar no ha prescrito

Vox recurre el archivo imputando nuevamente dos delitos a Salazar y al alcalde que lo enchufó

El enchufismo del ex diputado del PSOE Paco Salazar en el Ayuntamiento sevillano de Dos Hermanas se mantuvo hasta 2025, según demuestran tres actas municipales a las que ha tenido acceso OKDIARIO. En consecuencia, el delito de prevaricación administrativa que vio la juez en la contratación de Salazar en este feudo socialista por excelencia en Andalucía no ha prescrito. 

Se trata de un acta de 2017, donde Salazar pidió al Ayuntamiento la excedencia forzosa; otra de 2023 que refleja que se presentó a un proceso para subir de categoría profesional; y una última de 2025, en la que, tras cesarlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como secretario general de coordinación institucional, Salazar pidió la excedencia voluntaria, ya que no tenía causa para mantenerse en la forzosa. 

Salazar estuvo cobrando durante cinco años, de 2012 a 2017, una nómina de unos 2.000 euros de este ayuntamiento. Hasta que en junio de 2017 pidió una excedencia forzosa tras ser nombrado secretario de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Posteriormente, en 2019, Sánchez se lo llevó a La Moncloa como asesor.

Y finalmente, este estrecho colaborador del presidente renunció en julio de 2025 a la nueva Ejecutiva del PSOE tras las acusaciones de acoso sexual de varias mujeres del partido, subordinadas.

El cese se produjo el 5 de julio de 2025 y fue publicado en el BOE del día 9, y el acta de la excedencia voluntaria es del día 30 de ese mes, ya con el nuevo regidor de Dos Hermanas, el también socialista Francisco Rodríguez. 

Además, hay otra acta de 2018, en la que el regidor cuando tuvo lugar la contratación, Francisco Toscano, reconoce a preguntas de la oposición que Salazar estaba entonces en excedencia forzosa, lo que confirma que era conocedor de la situación.

Vox recurre el archivo de la causa

Y blandiendo estas cuatro actas municipales, Vox se ha alzado este martes contra el archivo de la causa con un recurso de reforma y otro subsidiario de apelación, según ha conocido OKDIARIO en exclusiva.

Además, destaca que la UCO «ya aludía en su informe a estos hechos ocurridos en 2017, 2023 y 2025 sobre la continuidad de relación laboral, consentida por Toscano y su sucesor».

El recurso está articulado por Marta Castro, vicesecretaria nacional jurídica del partido, y Fernando Rodríguez Galisteo, miembro del equipo jurídico. Ambos son los artífices de la querella contra Salazar y Francisco Toscano, considerado el «padre político» de Sánchez y regidor de esta ciudad durante 39 años, de 1983 a 2022.

El partido de Santiago Abascal destaca en el recurso que, de acuerdo a la figura del concurso medial, si el delito de prevaricación administrativa de 2012 deriva con posterioridad en otros actos administrativos con reproche penal, no está prescrito.

Además, Vox sigue manteniendo que hay un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en el caso de Toscano y Salazar. En este sentido, alega que «el alcalde, a dedo, influyó para mantener el puesto de trabajo en excedencia de Salazar, con la finalidad de que así pudiera irse a Madrid a ayudar a Sánchez y al PSOE madrileño, así como posteriormente a La Moncloa». «El eje y conexión es la relación de amistad y pertenencia de ambos al PSOE», recalca.

Fernando Rodríguez Galisto declara a OKDIARIO que «Vox agotará todas las vías judiciales para demostrar que tanto Salazar como Toscano son responsables penales de estos hechos y que los actos que se cometieron no están prescritos, ya que es de justicia resarcir este daño hecho con dinero público a los ciudadanos de esta localidad andaluza».

«Desde Vox agradecemos una vez más a la UCO el magnífico trabajo que realiza en la investigación de la corrupción en España y en este caso en Andalucía», concluye.

Merecedora de reproche penal

La magistrada María del Valle Rivera Rodríguez concluyó el pasado 22 de junio que este ex diputado del PSOE acusado de acoso sexual y actitudes machistas fue colocado a dedo en julio de 2012 en Dos Hermanas. Dictaminó que hubo prevaricación administrativa en su contratación como empleado público, en calidad de técnico municipal, por lo que su contratación era «merecedora de reproche penal». De esta forma, dio la razón a Vox en cuanto al delito de prevaricación, ya que se había querellado también contra Salazar por prevaricación administrativa y malversación, y contra Toscano, además, por tráfico de influencias.

Sin embargo, la juez señaló que el delito de prevaricación administrativa, castigado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años, estaba ya prescrito, porque la querella fue presentada en julio de 2025, habiendo transcurrido más de 13 años desde la comisión del delito y al tener que aplicarse al reo la normativa más favorable. Y con este razonamiento acordó el sobreseimiento y archivo de la causa.

No hubo proceso de selección

La magistrada destacó en el auto que en la contratación de Salazar se prescindió de los trámites esenciales del procedimiento de selección, al «no haberse convocado un proceso que observara los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección», lo que «desembocó en un resultado injusto, al no permitir la participación de otros candidatos, quizás más aptos para el puesto ofrecido». Y por «no haberse articulado el mismo por los cauces legales pertinentes», a través de una oferta de empleo pública.

«Con tal decisión, se materializó la voluntad particular y contraria a derecho del señor Toscano y/o miembros de la Secretaría de Intervención del consistorio y/o componentes de la Junta de Gobierno Local, al ser las personas encargadas de emitir informes previos y dar el visto bueno a los expedientes que, posteriormente, eran elevados a la Junta de Gobierno Local para su aprobación», expone la magistrada.

Empleos de lo más variopinto

Según la resolución, Salazar fue seleccionado para ocupar el cargo que hasta la fecha ostentaba otra persona en Dos Hermanas, si bien finalmente «acabó desempeñando funciones de enlace entre el consistorio y las empresas que gestionaban el Gran Hipódromo de Andalucía, así como laborales de mantenimiento y supervisión del hipódromo, y del parking subterráneo del Arenal y el de la Plaza de Abastos».

La juez lo ha determinado así a raíz de lo declarado por testigos y compañeros de Salazar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A Vox le «sorprenden» los diferentes trabajos que tenía Paco Salazar. «No nos cuadra que la mano derecha del alcalde se dedicara a limpiar las cuadras, por ejemplo», según declara a OKDIARIO Fernando Rodríguez Galisteo, quien celebra que gracias a la querella de su partido «se ha podido constatar un caso más de corrupción socialista en Andalucía, de enchufismo, práctica habitual del PSOE durante los 40 años que ha estado gobernando la Junta, y en un feudo socialista como es Dos Hermanas».

Vox también está personado en el caso Faffe, donde se investiga a 83 personas, todas ellas cargos del PSOE en Andalucía, también por presunto enchufe.

Según explica Rodríguez Galisteo, «cuando Sánchez fue defenestrado en el PSOE en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba, y se volvió a presentar a las elecciones a secretario general compitiendo con Susana Díaz, el máximo valedor y padre político de Sánchez fue el entonces alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano».

«El regidor llevó a Sánchez a hacer un mitin a esta ciudad y empezó a buscarle avales en contra de Susana Díaz, heredera de Chaves y Griñán. Y cuando Pedro Sánchez, con la ayuda de Toscano, ganó, la mano derecha que tenía Toscano en el ayuntamiento era Salazar», indica Rodríguez.

Y apunta que «Toscano, como premio, le mandó a su hombre de confianza a Ferraz y lo convirtió en mano derecha de Sánchez», y desde entonces «Salazar es la persona que hace de enlace entre Toscano y Sánchez».