España

Torra exige a Sánchez control penitenciario pleno para poder excarcelar a los imputados por el 1-O

El indulto a los golpistas empieza a convertirse en una exigencia de más que difícil plasmación. Ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía piensan allanar el camino al Gobierno en este punto, y, sin sus informes favorables, el coste político de una medida así para el Gobierno de Sánchez es excesivo. Por eso los golpistas han reformulado su estrategia: ya cuentan con amplias competencias en materia penitenciaria, pero les falta una clave.

Esa es la que quieren: la de los jueces de vigilancia penitenciaria. Ellos son los hombres decisivos a la hora de poner en la calle a un preso o de favorecer su estancia en prisión argumentando que su comportamiento es excepcional, que se ha readaptado, que carece de peligrosidad, que necesita contacto con otras personas para evitar un daño excesivo al preso o cualquier otro argumento que, en caso de ser controlados los jueces de vigilancia penitenciaria por la Generalitat en vez de por el Estado central, pudiesen usar para acelerar la excarcelación de los golpistas del 1-O.

Las competencias penitenciarias mayoritarias están en Cataluña en manos del Departamento de Justicia desde 1984. Pero no así los jueces de vigilancia penitenciaria, que siguen dependiendo de la Administración española. Esa faceta común hace que los presos tengan un tratamiento similar en toda España. Y eso es precisamente lo que quieren romper los partidos golpistas.

Tener esta competencia permitiría acelerar las salidas a la calle de los imputados y casi seguro futuros condenados por el 1-O. Abriría la vía a infinidad de beneficios penitenciarios y no sólo con la óptica de agilizar sus salidas de la cárcel, sino también con el propósito de hacer más fácil su estancia dentro de la cárcel. Y hay que recordar que uno de los objetivos de los separatistas es que los imputados puedan ejercer funciones políticas desde la cárcel.

Las competencias penitenciarias mayoritarias están en Cataluña desde 1984, pero no así los jueces de vigilancia penitenciaria

Los jueces de vigilancia penitenciaria podrían, de este modo, facilitar la vida de los golpistas que acaben condenados, dentro y fuera de la prisión. Y es que el concepto de “resocialización” les permitiría un amplio margen de actuación. Especialmente si dependen de una administración que estaría plenamente dispuesta a premiar su parcialidad con estos presos.

Más fácil que lo apuntado por Iceta

La medida sería más fácil de asumir que la planteada por el propio líder del PSC, Miquel Iceta, quien ha hablado ya abiertamente del indulto a los golpistas del 1-O. Es más, los separatistas catalanes cuentan en ese punto con un claro aliado: el separatismo vasco, que ya ha hecho la misma petición a Pedro Sánchez de cara a poder soltar cuanto antes a los presos etarras y a facilitar dentro de prisión su vida y contacto con las estructuras batasunas.

Se trata del enésimo atajo buscado por los golpistas para que los presos del 1-O no cumplan sus condenas más que previsibles. Las presiones políticas, de hecho, han convivido con los fiscales y la acusación particular de VOX desde el inicio del caso por el referéndum ilegal. Pero los fiscales no han aceptado esta presión y los recursos empiezan a agotarse para los golpistas. El traspaso de competencias, sin embargo, podría solucionar buena parte de sus exigencias y hacer, además, que todo ocurriera en Cataluña y pasado un tiempo, algo que relajaría la presión de la opinión pública sobre Sánchez.