El Supremo no recurrirá al Constitucional para resolver sobre la exhumación de Franco
La familia del dictador, la Fundación Nacional Francisco Franco, la Abadía benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos insisten en la falta de la "extraordinaria y urgente necesidad" que motivó la aprobación del decreto de reforma de la Ley de Memoria Histórica.
El Tribunal Supremo se prepara para resolver la polémica exhumación de Franco antes de que termine el año. Fuentes próximas al Alto Tribunal consultadas por OKDIARIO apuntan que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo descarta elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la reforma de la Ley de Memoria Histórica.
Plantear una cuestión de inconstitucionalidad implicaría la paralización del proceso judicial hasta que el Constitucional se pronuncie, en primer lugar, sobre su admisión. Una vez tomada la decisión, habría de aguardar a su resolución sobre el fondo del asunto. Sin embargo, la voluntad de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que tomarán la decisión definitiva sobre la exhumación del dictador pasa por no retrasar el fallo más allá del tiempo «estrictamente necesario», apuntan esas mismas fuentes.
Así lo ponía de manifiesto el Supremo en el auto en el que admitía las medidas cautelares solicitadas por la familia Franco. Los magistrados acordaban suspender preventivamente la exhumación para, acto seguido, señalar que «no hay razones que impidan resolver en un plazo razonable», debido a los intereses en juego: por una parte, el «derecho a la tutela judicial efectiva» de los nietos de Franco y, por otra, el dar respuesta a una materia que afecta a «intereses públicos encarnados en el Estado» y que, de prosperar, no deberían verse «afectados por un tiempo prolongado».
Una cuestión de inconstitucionalidad paralizaría la sentencia del Supremo. Un escenario que no encaja en el calendario de los magistrados, que apuestan por resolver en un «plazo razonable».
La fórmula del Real Decreto-Ley que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a anunciar la salida del dictador del Valle de los Caídos, el pasado 10 de junio -fecha suspendida por el Supremo- ha sido cuestionada tanto por la familia Franco como por el resto de partes personadas en la causa. Aseguran que no concurre el «presupuesto habilitante» que exige el artículo 86 de la Constitución Española. Es decir, el Ejecutivo socialista habría incumplido, a su juicio, los requisitos de «extraordinaria y urgente» necesidad que exige la norma. Motivo por el que instaban al Tribunal Supremo a consultar al Tribunal Constitucional antes de dictar sentencia sobre la exhumación.
La cuestión de inconstitucionalidad sólo puede ser presentada, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales en los casos en los que consideren que una ley aplicable a la causa que deben resolver pueda ser contraria a la Constitución.
Si el Supremo considerase que la validez de la reforma de la Ley de Memoria Histórica -aprobada por el Consejo de Ministros socialista el pasado mes de agosto de 2018- podría llevarles a una decisión equivocada tendrían que plantearla una vez finalizadas las deliberaciones de la Sala competente y dentro del plazo para dictar sentencia.
Y, en cualquier caso, tras haber escuchado a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Convalidación parlamentaria
Expertos juristas señalan a OKDIARIO dos aspectos fundamentales para el análisis de la actual situación jurídica del recurso contencioso-administrativo sobre la exhumación de Franco.
Sobre la convalidación del ‘decretazo’ por el que el Gobierno modificó la Ley de Memoria Histórica, se considera que ese procedimiento exime al Gobierno socialista de la responsabilidad penal que podría derivarse de la aprobación de la norma en el caso de que se considerase una decisión «injusta» a sabiendas.
Por otro lado, la familia Franco ha instado al Supremo a que promueva la cuestión de inconstitucionalidad en lugar de presentar directamente un recurso ante el Tribunal de garantías, con la intención de evitar una respuesta negativa a su solicitud de amparo por extemporánea. Si el Constitucional entiende que no procede pronunciarse sobre la validez de la norma antes de que el Supremo falle sobre la exhumación de Franco porque, en el caso de dar la razón a la familia, podría dar respuesta a la cuestión en la propia sentencia.
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