El Supremo exige a Bolaños más personal y tecnología con urgencia ante las nuevas exigencias del Gobierno

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha intensificado sus reclamaciones al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños, para que dote al Alto Tribunal de mejores condiciones salariales para sus funcionarios, cubra urgentemente plazas clave vacantes y refuerce su infraestructura tecnológica.

Estas peticiones llegan en un momento crítico, justo cuando el Gobierno impulsa la implementación de la nueva Oficina Judicial prevista en la Ley de Eficiencia, aprobada a principios de año, que implica una profunda transformación en la organización interna de todos los tribunales y, en particular, del máximo órgano jurisdiccional de España.

En la sesión celebrada presidida por la presidenta Isabel Perelló, los magistrados han adoptado por unanimidad varios acuerdos que evidencian las carencias estructurales que sufre la institución.

El más contundente ha sido «la reiteración al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la petición realizada en los últimos tres encuentros llevados a cabo con los sucesivos equipos ministeriales, respecto a la adopción de medidas que hagan atractivos los puestos de trabajo de los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales».

La Sala de Gobierno justifica esta reclamación apelando «al nivel de exigencia laboral y búsqueda de la excelencia en la preparación y desempeño profesional que el Tribunal Supremo requiere y merece institucionalmente en todos los colectivos profesionales que desarrollan en él su actividad laboral».

En términos concretos, solicitan una mejora en «la asignación del complemento específico de destino» para que estos puestos «sean acordes a la categoría y nivel que representa este órgano judicial en el organigrama jurisdiccional, similar a la que se otorga a los magistrados y fiscales de sala».

Simultáneamente, el Alto Tribunal ha emitido dos requerimientos específicos y urgentes: la provisión del puesto de director o directora de la Biblioteca, vacante desde hace meses, y la designación de «un funcionario del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado y otro del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática» para el Departamento de Informática, especificando que ambos «deberán estar destacados en la sede del Tribunal».

Esta triple petición se produce en un contexto de transformación profunda del sistema judicial español. La Sala ha tomado conocimiento de la Resolución de 5 de marzo de 2025 de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, que prevé un modelo específico de Oficina Judicial para el Tribunal Supremo (denominado modelo E).

Según esta resolución, «su oficina judicial estará integrada por dos servicios comunes: el servicio común general y el servicio común de tramitación, este con cuatro áreas predeterminadas: civil, penal y militar, contencioso-administrativo, y social».

La implantación de este nuevo modelo organizativo, previsto en la Ley de Eficiencia, «impone la necesaria elaboración de las relaciones de puestos de trabajo que conformen los dos servicios comunes», un proceso que requiere personal cualificado y recursos técnicos que, según denuncia implícitamente la Sala de Gobierno, no están garantizados en las actuales condiciones.

Estas reclamaciones se enmarcan en una problemática estructural que viene arrastrándose desde hace años. La dificultad para atraer y retener talento en el Tribunal Supremo contrasta con la creciente complejidad de los asuntos que debe resolver y el volumen de trabajo que afronta.

Fuentes judiciales consultadas señalan que los complementos específicos de los funcionarios destinados en el Alto Tribunal no compensan el nivel de especialización y dedicación exigidos, lo que provoca que muchos profesionales cualificados prefieran otros destinos con menor carga de trabajo y similar retribución. Subrayan que además los precios de vivir en Madrid son mucho más altos que en otros destinos de la geografía española.

Otros acuerdos

En paralelo a estas reclamaciones de recursos humanos y materiales, la Sala de Gobierno ha adoptado también decisiones relevantes en materia organizativa, como la aprobación de una normativa sobre la extensión máxima y formato de los escritos de casación dirigidos a la Sala Cuarta (Social), que fija un límite de «50.000 caracteres con espacio, equivalente a 25 folios o páginas de tamaño A-4», una medida que busca agilizar la tramitación de los recursos. Una medida que ya se ha implementado en otros ámbitos con éxito.

Otro de los acuerdos destacados ha sido el nombramiento de varios letrados para reforzar el Gabinete Técnico, órgano clave para el funcionamiento del Tribunal.

La situación del Supremo refleja la tensión entre las ambiciosas reformas legislativas impulsadas por el Gobierno para modernizar la Administración de Justicia y la realidad de unos recursos que, según denuncia su órgano de gobierno, no están a la altura de los retos planteados. Esta situación compromete el éxito de la implementación de la nueva Oficina Judicial, considerada la columna vertebral de la transformación del sistema judicial.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. La Ley establece plazos perentorios para la implantación del nuevo modelo, pero el Supremo advierte, entre líneas, que sin los recursos adecuados —humanos, económicos y tecnológicos— la reforma podría quedarse en papel mojado. La pelota está ahora en el tejado del ministerio de Félix Bolaños.