El socialista Lambán gasta 4.000 € para adaptar al lenguaje inclusivo la web de su Gobierno

El presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, quiere adaptar al lenguaje inclusivo la página web oficial de su Gobierno. Para la ‘traducción’ ha gastado 4.000 euros a través del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

El lenguaje inclusivo pretende que la mujer tenga un papel igual de relevante que el hombre en el vocabulario y la sintaxis. Lo cierto es que el español incluye en su tercera persona del plural a ambos sexos, es decir, el pronombre personal ‘ellos’ representa en sí a hombres y mujeres y por lo tanta no margina a ninguno de los dos. Sin embargo, partidos como el PSOE y Podemos creen que el discurso correcto debe alargarse para hacer referencia a ‘ellos y ellas’ o incluso para sustituir la vocal que determina el sexo por una ‘x’. (Ellxs, nosotrxs, vosotrxs)

Por esta razón, Lambán ha decidido que la página web de su Gobierno debía cumplir con esta premisa y ha concedido a través de un contrato menor un presupuesto de 4.000 euros para la adaptación al lenguaje inclusivo de todo el contenido que hasta ahora aparecía en el espacio.

Los cambios serán realizados por Comunicaciones Mil S.L, una empresa formada por una periodista y un fotógrafo que adaptarán la web autonómica con un plazo de cuatro meses. A pesar de tratarse de únicamente una adaptación de los textos, la consultora tendrá que invertir una gran cantidad de esfuerzo ya que la página web del Gobierno aragonés cuenta, como la mayoría de las páginas oficiales, con muchos apartados de información y de formularios para el ciudadano.

Lenguaje inclusivo

Las comunicaciones oficiales se convierten a diario en un entramado de palabras en femenino y masculino obviando el género neutro que el idioma español dispone para englobar a ambos sexos. Fue precisamente la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que pronunció por primera vez el término inexistente «portavoza» justificándolo como una forma de «avanzar en la igualdad» y acabar con el lenguaje «como instrumento para perpetuar el machismo».

Pero esta no ha sido la única patada al diccionario que se ha dado en nombre del feminismo y el lenguaje inclusivo. La ex líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, llegó a pronunciar el término «matria» en sustitución de la «patria»: «La patria, o más bien la matria, es una comunidad de cuidados. Uno se siente perteneciente a un grupo si le cuidan. Por tanto, uno se va a sentir parte de una comunidad si le cuidan. La matria son los hospitales, son las escuelas, es la ayuda a la dependencia, el apoyo a las familias vulnerables… Esa es la matria. Esa es nuestro matriotismo andaluz», pronunció en uno de sus mitines tras las elecciones andaluzas del año 2018.

Además, la mano derecha de Irene Montero, Noelia Vera, se refirió a los hijos de la ministra como «hijas» a pesar de que su unión con el vicepresidente Pablo Iglesias ha dado como resultado el nacimiento de dos varones y una niña.

Hasta en la Constitución

La obsesión del Gobierno por el uso del lenguaje inclusivo provocó que la Real Academia Española (RAE) tuviese que redactar un informe, a petición del propio Ejecutivo, que terminó concluyendo que la Constitución estaba bien redactada y no hacía falta adaptarla al lenguaje que supuestamente promueve la igualdad entre hombres y mujeres.

Respecto al contenido de ese borrador, únicamente se conoció que una de las recomendaciones sería la de incluir el término ‘Reina’, que actualmente no aparece como tal en la Constitución.

Formación para funcionarios

La adaptación contratada por Lambán obedece al plan que su partido está llevando a cabo a nivel nacional junto a Podemos.

El Gobierno ha decidido que los trabajadores de la Administración deben aprender también a usar el lenguaje inclusivo y a entender la «diversidad afectivo-sexual». Por ello, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha puesto en marcha un plan de dos años de duración con el objetivo, según la entidad, de «avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de las administraciones públicas para la consecución de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias».

Esta iniciativa consta de 15 actividades en las que los funcionarios podrán matricularse. La idea es que los cursos tengan su fin en el año 2022.