Sánchez regala 350.000 € a Honduras para la gestión de residuos mientras impone su ‘basurazo’ en España

A partir de abril de 2025, todos los ayuntamientos tendrán que comenzar a aplicar el basurazo de Pedro Sánchez. Gracias a esta nueva tasa, los hogares tendrán que pagar hasta 200 euros más al año. Sin embargo, mientras aumentan los impuestos a los españoles, el Gobierno subvenciona la recogida de residuos en otros países del mundo, como es el caso de Honduras, al que el Ejecutivo socialista ha regalado 350.000 euros para este fin.

La gran mayoría de los ayuntamientos se han visto obligados a asumir esta tasa que viene impuesta desde el Gobierno. Para compensar el hachazo fiscal, muchos consistorios -en su mayoría gobernados por el Partido Popular- están aplicando rebajas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y bonificaciones para el reciclaje con el fin de paliar la factura que tendrán que pagar los españoles.

Sin embargo, y mientras muchos ayuntamientos hacen la cuadratura del círculo para que los españoles vean incrementada su factura lo menos posible, el Gobierno otorga subvenciones a otros países en esta materia. Concretamente, el Gobierno otorgó dos subvenciones a Honduras para la gestión de residuos, por valor de 350.000 euros -217.000 y 79.000 euros respectivamente-. De esta forma, mientras el Ejecutivo de Sánchez regala dinero a otros países, a partir del próximo 1 de abril los españoles se enfrentan a la nueva tasa de basuras, que deberán aprobar todos los ayuntamientos españoles antes del próximo 1 de abril de 2025, y que costará a cada hogar una media entre 167 euros y 205 euros anuales.

El Gobierno justifica este sablazo en una directiva europea que, sin embargo, no obliga a crear el nuevo impuesto, algo que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido. El punto de partida fue la Directiva 2008/98/CE que estableció unos objetivos ambiciosos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y obligó a los Estados miembros a tomar diferentes medidas, enumerando distintos instrumentos económicos, entre los que se encuentran las tasas y los sistemas de pago por generación de residuos.

Para dar cumplimiento a esta normativa, el Gobierno aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Con ella implantó la obligación para las entidades locales de establecer, en el plazo de tres años, una tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Sin embargo, tal y como reconocía el propio Ministerio de Hacienda en un informe, esta normativa europea no obligaba a imponer este basurazo.

Es decir, mientras la Unión Europea se refiere a imponer tasas a los productores de desechos según la cantidad real de residuos generados con el objetivo de reducir los residuos mezclados bajo el principio de quien contamina paga, Sánchez tergiversa la normativa para imponer un impuesto individualizado, así como exigencias a los municipios para que reutilicen el 55% de las basuras recogidas y separen un 77% de las botellas de plástico del resto de residuos.

Caos jurídico

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha propuesto reformar la regulación de la nueva tasa de basuras para evitar el caos en los ayuntamientos en torno a este tributo. A su juicio, la actual regulación es «escasa e ineficiente» y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación.

«Estamos, por vez primera en la historia de la tributación local, ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y, también, una novedad, no tiene que ser deficitaria. Asimismo, debe aplicar el principio del pago por generación. El legislador medioambiental, en un claro ejercicio de desconocimiento de la realidad tributaria local, aboca a los entes locales a un desarrollo reglamentario sujeto a una extraordinaria inseguridad jurídica», explican.