Sánchez quiere exhumar del Valle de los Caídos restos de 184 personas sin haberlo notificado a sus familias
Un total de 184 difuntos quedan afectados por el 'decretazo' de exhumación
165 particulares y 19 benedictinos que no murieron durante la Guerra Civil
El Gobierno avanza con los trámites administrativos necesarios para la exhumación de Franco pero todavía no ha dado traslado del expediente -ni de las decisiones aprobadas para la ejecución de la retirada de restos mortales del Valle de los Caídos- a las familias de los 184 fallecidos, diferentes del dictador, también afectados por la decisión socialista.
OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la relación de nombres de los difuntos que recibieron sepultura en la Basílica de Cuelgamuros y quedarían afectados por la norma de «reparación histórica» aprobada por el Gobierno y, por tanto, obligados a salir de su ubicación actual.
El texto aprobado por el Ejecutivo recoge que «solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra».
Entre dichas personas se encuentran 19 monjes benedictinos cuyos intereses estarían siendo protegidos por su comunidad religiosa ya que ésta se ha personado en el procedimiento vigente. No así en el caso de las 165 familias restantes -descendientes algunos de ellos de guardias civiles fallecidos, con posterioridad a 1939, luchando contra el ‘Maquis’ como se conoce popularmente a la guerrilla comunista antifranquista- que desconocen su condición de interesados porque el Gobierno todavía no les ha notificado formal y oficialmente su situación, a diferencia de cómo ha procedido hasta la fecha con la familia Franco.
OKDIARIO ha podido comprobar que los listados donde se reflejan los datos personales de los mismos -nombre y apellidos, fecha de nacimiento y fecha y lugar de fallecimiento- han sido incorporados al expediente en el que se tramita el desarrollo del Real Decreto. Sin embargo no han recibido por parte del Gobierno ningún tipo de publicidad ni impulso pese a que los socialistas son conscientes de que la ley afecta por igual a los derechos de conformidad u oposición de todas las familias, incluidos los herederos del dictador.
Expertos juristas confirman a OKDIARIO que la aplicación de dicha norma es exigible desde el mismo momento de su entrada en vigor y para todos los casos sin excepción. Pero también apuntan la explicación a las diferencias de tratamiento que se está proporcionando a los Franco frente a las 184 familias restantes.
Y es que en base al artículo 16 del Real Decreto se resuelve la prohibición de legislar sobre «caso único». Es decir, no se permite ningún tipo de ley que pretenda regular un caso concreto y particular, de manera aislada. Motivo por el que el Gobierno aprobó la redacción actual como modificación a una norma anterior -la Ley 52/2007, de 26 de diciembre- bajo un título en el que «se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura».
El ordenamiento jurídico prohíbe las leyes de ‘caso único’. Por eso el Gobierno ha incluido, junto a Franco, a 184 fallecidos más en la causa de exhumación
Por ello, además, en dicho artículo inició la causa como colectiva y general, declarando las exhumaciones de interés público: «Este procedimiento tiene en cuenta los intereses de los afectados, tanto públicos como privados, y garantiza su derecho a ser oídos, su participación en el procedimiento y los recursos contra las actuaciones administrativas ante los órganos jurisdiccionales ordinarios competentes».
«El procedimiento diseñado prevé expresamente las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer sobre su destino si lo desean», añade.
Detalles, ambos, que el Gobierno está alterando en la práctica para evitar complicaciones. De personarse en el expediente las 184 familias correspondientes, podría suponerle la oposición de algunos de los descendientes y, en consecuencia, el retraso más allá del plazo ordinario -en ningún caso anterior al próximo mes de marzo- que estaría barajando el Ejecutivo de Sánchez para la exhumación efectiva del dictador Franco.
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