Sánchez maniobra para que la decisión del Supremo sobre Franco no entre en campaña electoral

La Abogacía del Estado apura los plazos ante el Supremo para presentar su escrito de conclusiones sobre la exhumación de Franco. Sánchez no quiere que una decisión del Alto Tribunal -en caso de que ésta resulte total o parcialmente contraria a sus intereses- entre en campaña ante una eventual repetición de elecciones generales, el próximo 10 de noviembre.

Pese a que fuentes jurídicas confirman a OKDIARIO que los letrados públicos tienen listo el escrito con el que rebatir las alegaciones de la familia del dictador, lo que más conviene al Gobierno en funciones es retrasar al máximo la resolución del Supremo. Éste es, señalan dichas fuentes, el principal motivo por el que la Abogacía del Estado aún no ha registrado el documento final.

El contador se reanuda la próxima semana, fecha en la que expiran los 10 días disponibles para que el Gobierno cumpla con el trámite de conclusiones -en defensa de la exhumación de Franco- una vez transcurrido el mes de agosto, que judicialmente es inhábil.

Por su parte, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, competente para conocer del procedimiento, se mantiene a la espera de recibir las alegaciones del gabinete jurídico del Gobierno a favor de la salida de los restos del dictador de su actual ubicación, en el Valle de los Caídos.

Una vez dispongan de las tesis definitivas de ambas partes, los magistrados declararán que el recurso sobre la controvertida causa: «Visto para sentencia».

Doble decisión

Los cinco jueces encargados -Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero, presididos por Jorge Rodríguez Zapata- tendrán que decidir si, de acuerdo a la vigente Ley de Memoria Histórica, Franco puede ser trasladado desde su actual ubicación.

Simultáneamente habrán de pronunciarse sobre el nuevo emplazamiento donde habrán de reposar los restos del dictador, en el caso de que su pronunciamiento resulte favorable a las pretensiones del Ejecutivo de Sánchez.

El pasado mes de junio, los magistrados escucharon, en una vista pública, a los peritos especialistas en seguridad que respaldan la inhumación en la catedral de La Almudena, lo que ha defendido siempre la familia.

Sánchez, por su parte, insiste en El Pardo. Y así, el pasado mes de mayo, el Gobierno aprobó un Real Decreto ministerial en el que retiraba a Patrimonio Nacional las competencias sobre el panteón ubicado en la cripta del cementerio, para transferir la titularidad del mismo a la Administración General del Estado.

Tras dicho trámite de audiencia a los expertos, la causa entraba en una nueva fase: las partes quedaron obligadas a presentar «unas sucintas alegaciones sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos», en defensa de sus posiciones. A la Abogacía del Estado, que representa los intereses del Ejecutivo socialista en funciones, se le agota el margen.