Sánchez se defiende del juez Velasco: “Nunca se contrató a empresas para mejorar la reputación online”

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha salido al paso del último auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que apunta que el máximo responsable del gobierno regional podría haber cometido delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada cuando era consejero de Educación.

Sánchez ha comparecido ante los medios para ofrecer su colaboración a la Justicia y dejar claro que no cometió ninguna irregularidad. “Nunca se contrató nada”, ha indicado en referencia a unos supuestos trabajos de reputación online encargados al informático Alejandro de Pedro que nunca existieron.

El presidente autonómico ha recordado que existen doce certificados oficiales que constatan que la consejería de Educación nunca aprobó ningún encargo, ni contrato, ni expediente, ni emitió factura alguna que pruebe que existieron los supuestos trabajos para la mejora de la reputación online y mucho menos que salió dinero de las arcas públicas regionales para este fin.

Además, la partida presupuestaria que, según la acusación, fue la utilizada para realizar el desembolso de 30.000 euros que está investigando el juez tampoco existe y, de hecho, la documentación aportada por la defensa pone de manifiesto que el ejecutivo autonómico ni siquiera tuvo nunca la intención de cerrar un acuerdo con empresas para mejorar la imagen de Sánchez.

A todo ello se suma que todos los funcionarios de la consejería de Educación que estaban al frente de los procesos de contratación han acreditado que no recibieron instrucciones en ningún momento para contratar este tipo de servicios.

El único trabajo que se realizó en materia online fue el realizado por un asesor de comunicación, David Conesa Ferrer, encargado de gestionar las redes sociales de la consejería de Educación y cuyo trabajo fue pagado con recursos propios de la consejería. A pesar de que varias empresas ofertaron para realizar este servicio, la consejería descartó acudir a una compañía externa para realizar esta labor.

Según la defensa de Sánchez, el entonces consejero de Educación nunca tuvo constancia de que existieran ofertas para los trabajos de comunicación online, ya que ni siquiera fue informado el jefe de gabinete del citado asesor de comunicación ni el secretario general de iniciar la supuesta contratación.

«No se puede demostrar lo que nunca existió»

“No se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió (…) se recibieron ofertas, alguna muy insistentemente y con agresividad comercial, en este caso sobre todo y de otras empresas también, pero no se hizo con ésta ni con ninguna otra empresa… nunca se hizo nada, ni se acordó, ni se pactó y como no se hizo lo probaremos», ha señalado Pedro Antonio Sánchez este lunes tras conocerse la decisión del juez Velasco sobre esta pieza separada de la trama del Caso Púnica.

En la documentación aportada por la defensa de Sánchez, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se certifica que durante el tiempo en que David Conesa fue asesor de comunicación de la consejería de Educación de Murcia “no se llevó a cabo ninguna actuación, trámite, inicio de expediente o contratación, ni por el concepto de formación ni por cualquier otro” con las empresas Eico Online Reputación Management, Madiva Editorial y Publicidad, y Mistral Inv.

Además, “consultado el sistema contable en cuanto a los programas presupuestarios que gestiona la Dirección General de Universidades e Investigación no figura ningún apunte contable referido a ninguna de las tres empresas referidas”.

El gobierno regional murciano ya envió al juez Velasco el pasado abril estos certificados, tal como avanzó en exclusiva OKDIARIO, después de que la UCO remitiera al magistrado instructor de la trama Púnica que existían indicios de presuntas responsabilidades penales del actual presidente de Murcia, por contratar supuestamente los servicios del informático Alejandro de Pedro.

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, la contratación de los servicios de reputación online por parte de políticos “no es un delito”, a menos que se efectúe con “dinero público y el beneficio sea personal y no institucional”. Si no se acredita “este beneficio personal”, simplemente se trataría de “una campaña de marketing online”. En este caso ni siquiera se produciría este supuesto, según la defensa de Sánchez, ya que el trabajo no fue encargado a empresas externas y, por lo tanto, tampoco realizado.