Sánchez colocó a una de las imputadas por los contratos covid en una plaza de funcionaria sin serlo

Patricia Lacruz, directora general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y una de las imputadas por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid, accedió a su puesto, reservado a funcionarios de carrera, sin contar con el respaldo legal necesario para ello, razón por la cual el Ejecutivo socialista se vio obligado a regularizar su situación a través de un Real Decreto que se aprobó ad hoc ocho meses después de su nombramiento.

Antes de convertirse en responsable de la Cartera Común, Lacruz lideraba la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Para ello, gozaba de una exención legal que le permitía ejercer sus funciones sin ser funcionaria de carrera. Sin embargo, en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Sanidad cambió su estructura orgánica básica y colocó a Lacruz en una cartera de nueva creación: la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, un departamento que no gozaba de este privilegio que permite a un no funcionario ocupar el puesto de director.

Así, y hasta que el Gobierno regularizó su situación, Patricia Lacruz ejerció las funciones de un puesto para el que no cumplía los requisitos. Lo hizo, además, durante ocho meses críticos, marcados por la etapa más dura de la pandemia.

En noviembre de 2020, y vía Real Decreto, el Gobierno modificó la normativa vigente para incluir a la alto cargo ahora imputada por malversación en el listado de titulares de las direcciones generales, para los que no es preciso ostentar la condición de funcionario. Hecha la trampa, el Ejecutivo socialista formalizó su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, ignorando así los meses durante los que Lacruz ejerció el cargo sin reunir las condiciones necesarias.

De este modo, las resoluciones firmadas por Patricia Lacruz durante ese tiempo podrían ser declaradas nulas en caso de que algún afectado por las mismas las recurriese ante los tribunales.

Politización

Pero las sombras que empañan su nombramiento no son la única polémica  que se cierne sobre esta alto cargo del Gobierno acusada de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció que Lacruz «politizaba» los nombramientos de su departamento.

En concreto, a través de un comunicado, el sindicato advertía que la directora general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia había declarado desierto un puesto de subdirector «netamente técnico y reservado a funcionarios de la Administración General del Estado», pese a que a la vacante se habían presentado más de 10 funcionarios con amplia experiencia, algunos de los cuales ya habían desempeñado funciones de subdirección.

El puesto, según acusaban entonces trabajadores del Ministerio de Sanidad, había sido creado para Dolores Fraga, persona de confianza de Lacruz que, no obstante, no es funcionaria. «Se está cercenando la carrera administrativa de los funcionarios», exponía CSIF, que calificaba lo sucedido como un «caso palpable en el que se vulneran los principios de igualdad, mérito, capacidad, y sobre todo el de transparencia».

Contratos

Pero si por algo ha estado marcada la carrera de Patricia Lacruz al frente de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ha sido por su gestión de los contratos covid. Lacruz fue la responsable, por ejemplo, de la compra de test de antígenos defectuosos que España tuvo que devolver a China porque sus resultados eran imprecisos, con un porcentaje de fiabilidad de apenas 30%.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga otros contratos que tanto Lacruz como los altos cargos del Gobierno Alfonso María Jiménez y Paloma Rosado adjudicaron por la vía de emergencia a empresas «sin solvencia técnica ni profesional», a las que entregaron más de 300 millones de euros.