Sánchez amenaza al abad del Valle de los Caídos con entrar a por Franco con orden judicial

El empeño de Pedro Sánchez en la exhumación de Franco se intensifica en plena campaña electoral. Hasta tal punto que en el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, en el que el Ejecutivo socialista fija la fecha de exhumación de los restos del dictador el próximo día 10 de junio, contiene una advertencia al prior de la orden benedictina que custodia la ubicación actual de los mismos: si el padre Cantera no da su autorización para dicha entrada, el Gobierno solicitará una orden judicial para efectuarla.

Así consta en el texto del acuerdo que el Ministerio de Presidencia trasladó  a las partes interesadas en la causa, entre ellos, la propia Abadía del Valle de los Caídos.

En la resolución, el Consejo de Ministros ordena «que los actos que resulten necesarios para la exhumación, traslado e inhumación se realicen garantizando, en todo caso, (…) el cumplimiento de la normativa que rige el acceso a los lugares de culto, a cuyo efecto se solicitará la autorización eclesiástica necesaria y, en su defecto, la correspondiente autorización judicial».

Las presiones del Gobierno a la autoridad eclesiástica, en general, y a la comunidad religiosa encargada de custodiar el templo donde yacen los restos de Franco, en particular, han chocado desde un primer momento con el derecho canónico.

Los acuerdos con la Santa Sede recogen la necesidad de contar con la autorización de la autoridad eclesiástica competente, el prior, para acceder a la basílica, donde se encuentra la tumba de Franco.

Recurso al Supremo

Hoy por hoy, la postura del prior es clara: no facilitará la entrada al Gobierno.

La comunidad benedictina de la Abadía del Valle de los Caídos recurrió al Tribunal Supremo el acuerdo del Gobierno de exhumar al dictador, solicitando también la adopción de la medida cautelar de paralización hasta que el tribunal no resuelva sobre el fondo del asunto.

En su recurso, los monjes apelan a la «inviolabilidad» de la Basílica por tratarse de un «lugar sagrado» y a la «indispensable autorización» del prior y consideran que, si se procediera a la exhumación, causaría «un perjuicio irreparable».

«La falta de adopción de la medida solicitada ocasionaría un perjuicio irreparable, y haría que el presente recurso perdiera su finalidad ya que una hipotética sentencia anulatoria del Acuerdo no repararía, en modo alguno, el daño causado», se indica en el texto del recurso, como informó Europa Press.

Sobre la «inviolabilidad» del templo, el documento recuerda que así lo dispone el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979, que es un «tratado internacional». Esto implica, según indican, «la exclusiva competencia sobre los mismos de la Iglesia Católica».

Según se argumenta, existe en este caso «una colisión de normas» en la que los recurrentes consideran que debe aplicarse la prevalente, en este caso, «el Tratado internacional que se impone a la ley unilateral interna».

Además, en el recurso se defiende que «el Valle de los Caídos no es, ni se concibió, como algunos han tratado de sostener, como el ‘mausoleo’ de nadie» y que «no existe interés general alguno que exija una modificación urgente e inmediata de la situación actual».

En esta línea, en el recurso se precisa que esta actuación estatal de exhumar a Franco tiene «una finalidad de naturaleza política o ideológica».