Sánchez ahora sí apoya a Llarena para evitar el plantón de los jueces a la ministra en el Año Judicial

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a rectificar y este domingo ha anunciado que ya ha dado los primeros pasos para contratar “un despacho de abogados en Bélgica» para defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda que han puesto contra él Carles Puigdemont y otros cuatro imputados en la causa del 1-O.

Pedro Sánchez ha reaccionado así después de que casi todas las asociaciones de jueces y fiscales (salvo Jueces para la Democracia) denunciaran que el Gobierno deja desamparado a Llarena ante el ataque lanzado contra él por el Puigdemont desde Bruselas, en un intento de deslegitimar toda la causa abierta contra los golpistas en el Tribunal Supremo, desde un Juzgado de Bélgica que carece de competencia para ello.

Pero hay otro motivo que ha obligado al presidente Pedro Sánchez a dar marcha atrás. Un nutrido grupo de magistrados del Tribunal Supremo había amenazado con dar plantón a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el solemne acto de Apertura del Año Judicial 2018-2019, que se celebrará el próximo 10 de septiembre.

La ceremonia se celebra en la sede del Tribunal Supremo, con la presencia del Rey Felipe VI y de las máximas autoridades. Entre ellas, los presidentes del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; y la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Demanda «groseramente fraudulenta»

La iniciativa de dar plantón a la ministra de Justicia había surgido de un grupo de magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que pertenece Pablo Llarena, para expresar su malestar por la decisión del Gobierno de dejar desamparado al juez que instruye la causa contra los golpistas de la Generalitat. Otros magistrados del Alto Tribunal se han sumado luego a la iniciativa.

La propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha transmitido su preocupación al presidente del Gobierno, que finalmente ha decidido frenar el motín de los magistrados, que habría deslucido el acto presidido por el Rey Felipe VI, en una protesta sin precedentes.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había anunciado el pasado 16 su decisión de dar amparo al magistrado Pablo Llarena, ante lo que considera “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional” por parte de Carles Puigdemont y cuatro ex consellers de la Generalitat que se encuentran huidos de España, “con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse”.

El propio juez Pablo Llarena había denunciado que la demanda de Puigdemont constituye una maniobra «groseramente fraudulenta», que pretende cuestionar toda la causa instruida contra los golpistas, desde un tribunal de Bélgica que carece de competencias para ello.

El Gobierno le dejó ‘tirado’

Hay que recordar que Llarena no sólo sufre esta ofensiva judicial del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo y su mujer se han visto obligados a abandonar Cataluña debido al acoso que sufrían por parte de los independentistas: le montaron escraches, hicieron pintadas amenazadoras ante su casa y difundieron en las redes sociales datos personales de su mujer, ante la completa pasividad del Gobierno.

Pese a todo ello, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el viernes que sólo costeará la defensa de Llarena en caso de que, una vez sea admitida a trámite la demanda de Puigdemont, se cuestione la instrucción de la causa sobre el 1-O. Ahora, Sánchez se ve obligado a rectificar, para evitar que los jueces del Supremo den plantón a la ministra Dolores Delgado en la Apertura del Año Judicial, como forma de expresar su protesta.