Rull, Turull y Sànchez piden investigar por «parcial» a la secretaria que salió por el tejado el 20-S

Los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, encausados en el sumario por el ‘procés’ indepentista en el Tribunal Supremo, han remitido escritos a la Sala de lo Penal de este órgano en los que piden la devolución de la causa al instructor, Pablo Llarena, para que practique una treintena de nuevas diligencias, entre ellas el análisis del perfil de Facebook de la letrada de la administración de justicia del Juzgado número 13 de Barcelona que tuvo que huir de madrugada por los tejados de la Consejería de Economía cercada por miles de personas el pasado 20 de septiembre.

En concreto, piden que se requiera a la Unidad Central de Delitos
Informáticos de los Mossos d’Esquadra a fin de que faciliten a este Juzgado los datos del titular de la cuenta en Facebook de «Montse del Toro» y de sus ‘post’ y ‘me gusta’ » a las páginas de @CiutadansCervello,
@sUnidadNacionalEspanola y «Lleitadans que no volen la
independencia». Según esta parte, estas publicaciones vendrían a demostrar la falta de imparcialidad de esta funcionaria, que fue la comandada por el juez para realizar los registros en las dependencias autonómicas.

En sendos escritos que se extienden a lo largo de más 40 páginas, la defensa de los dos exconsejeros y de Sánchez, que comparten letrado, piden la práctica de nuevas diligencias antes de confirmar el cierre de la instrucción, paso previo para que el alto tribunal pueda abrir juicio oral.

Al igual que han hecho el exvicepresidente Oriol Junqueras y el también exconsejero Raül Romeva en sus escritos al Tribunal, Rull, Turull y Sànchez piden que se investigue también quien está detrás de dos cuentas de Twitter -(@nmaquiavelo1984)y @JDanielBaena- que según está parte vertieron mensajes contra sus clientes y que según noticias periodísticas corresponden a guardias civiles encargados de la investigación, concretamente el teniente coronel Daniel Baena y un agente también asignado al caso.

Testigos del 20-S

Además, Sánchez pide por su parte a la Sala de lo Penal que evite el cierre de la instrucción para que se pueda citar a declarar a nuevos testigos, entre ellos el cantante Lluis Llach.

Entre la batería de diligencias que propone Sánchez, figuran las declaraciones de testigos que estuvieron la noche del 20 al 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía del Govern. Según asegura en su escrito, Llach estuvo también esa noche en la concentración que impidió salir a la comisión judicial que efectuó los registros.

Además del cantautor, el expresidente de la ANC pide que se tome declaración a otros testigos que estuvieron esa noche y que se identifique a las personas que estuvieron subidas a los coches de la Guardia Civil.

Sobre lo ocurrido esa noche, por la que tanto Sánchez como Jordi Cuixart fueron imputados inicialmente por sedición en la Audiencia Nacional, la defensa del diputado suspendido solicita en su escrito que el instructor requiera un informe de las cámaras de seguridad de la Consejería de Economía, tanto de la zona exterior como de la entrada, con el objetivo de poder demostrar sus afirmaciones acerca de la posibilidad de acceso al edificio.

Para Sánchez, que comparte a Jordi Pina abogado defensor con los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y, por tanto, coinciden en sus escritos muchas de las diligencias que solicitan, el juez Llarena ha llevado a cabo un «cierre absolutamente precipitado de la instrucción», lo cual «no ha permitido alcanzar una reconstrucción mínimamente solvente de lo sucedido».

Entre las «diligencias imprescindibles para una reconstrucción mínimamente solvente de lo sucedido», la defensa de estos investigados que se requiera a RTVE y TV3 las grabaciones de entrevistas y comparecencias que ofrecieron el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el entonces portavoz del Ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo, así como las intervenciones del propio imputado y las de Carles Puigdemont.

En la misma línea, quiere que se reclame a Onda Cero copia de la entrevista que ofreció con el exministro de Justicia, Rafael Catalá, en febrero de 2018 y se recabe de la asociación Jueces por la Democracia un comunicado que en aquellas mismas fechas denunciaba ingerencias políticas en la Justicia.

Otra de las medidas que solicita al Supremo es que requiera a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña «la totalidad de la correspondencia mantenida» entre el expresidente Carles Puigdemont, prófugo, y el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy desde el 11 de octubre de 2017 hasta el 19 de octubre de 2017. Quiere además que el Ejecutivo central aporte las actas del Consejo de Ministros de 2017 y 2018 en las que se haya debatido «la declaración del estado de sitio», dando por sentado que se hizo.

Detalle del operativo del 1-O

La defensa de Turull considera asimismo imprescindible que presten declaración los guardias civiles instructores del atestado policial sobre lo sucedido el 20 de septiembre porque entiende que presenta «contradicciones» que se deben contrastar.

La defensa de Turull solicita que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía informen «detalladamente» sobre los criterios de actuación empleados en la organización y desarrollo del dispositivo policial del 1 de octubre de 2017, desde el reparto territorial de los agentes hasta la elección de los colegios en los que se intervino, identificando a los mandos que dieron todas las ordenes, incluidas las de retirada, con su carné profesional.