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Casa Real

El Rey ensalza la separación de poderes en pleno acoso a los jueces que investigan al entorno de Sánchez

Este mismo martes, el Gobierno ha acusado al Tribunal Supremo de actuar sin evidencias contra el fiscal general del Estado

El Rey Felipe VI ha reivindicado la importancia para la democracia de mantener la separación de poderes, horas después de que el Gobierno haya acusado al Tribunal Supremo de actuar sin evidencias contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su discurso en la clausura de la Conferencia de Embajadores, el monarca ha puesto de manifiesto la «responsabilidad de las autoridades» a la hora de respetar «la trasparencia y la rendición de cuentas». Una afirmación que contrasta con la ofensiva del Ejecutivo de Sánchez contra los casi 30 jueces que mantienen causas abiertas al entorno del presidente del Gobierno.

«La democracia no es sólo la conquista de una ocasión histórica, sino el fruto de una exigente y delicada labor diaria: una responsabilidad que concierne a todos, autoridades y ciudadanos, de manera cotidiana, con acatamiento de sus normas y respeto a sus valores y equilibrios como la tolerancia, el pluralismo, la separación de poderes, la trasparencia y la rendición de cuentas», ha afirmado Felipe VI.

Esta defensa de la separación de poderes por parte del Rey se ha producido pocas horas después de que la portavoz del Gobierno materializase el último ataque del Ejecutivo a los jueces. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,  Pilar Alegría, ha acusado al Tribunal Supremo de actuar sin evidencias contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: «No hay ninguna prueba para imputar al fiscal general», ha sentenciado, en relación a la citación como investigado del máximo representante del Ministerio Público en la causa en la que se indaga sobre la revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las palabras del monarca también retratan la última artimaña del PSOE para limitar el papel de la acusación popular, lo que, de facto permitiría que el Gobierno aproveche la falta de independencia del Ministerio Fiscal y esta limitación para eludir el control que han de llevar a cabo los jueces y magistrados integrantes del poder judicial. Es más, de entrar en vigor esta nueva normativa supondría el fin de importantes investigaciones que rodean al Ejecutivo, como el caso Begoña Gómez o el caso por la filtración de secretos que mantiene imputado al fiscal general del Estado.

La ofensiva del PSOE contra los jueces comenzó en el Congreso Federal de los socialistas, donde los principales dirigentes del partido cargaron contra los casi 30 jueces que mantienen causas abiertas contra el entorno político y familiar de Sánchez al denunciar una «cacería humana» contra el líder del Ejecutivo «en sede judicial».

Unas palabras que Sánchez hizo suyas el pasado 6 de diciembre, durante la celebración del día de la Constitución. El presidente del Gobierno afirmó ser  «víctima» de un «acoso por tierra, mar y aire, en el ámbito político, mediático y judicial». El presidente del Gobierno aseguró que era sólo «cuestión de tiempo» que esa estrategia, de la que culpa también a la oposición, así como a la «derecha, mediática y judicial», se venga abajo. «El tiempo pone las cosas en su sitio y este es un gobierno limpio», aseveró.

Pero no sólo es una cuestión del PSOE o del Gobierno. Tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez se querellaron contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación, para torpedear la instrucción e impedir la investigación a la mujer del presidente del Gobierno. Una ofensiva que no prosperó: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado ya cuatro querellas Peinado, refrendando la instrucción del juez frente a los ataques que ha recibido desde el entorno de Sánchez y desde el PSOE.

España,»orgullosa de su Historia»

En este mismo acto, Felipe VI ha pedido a los embajadores en todo el mundo que sigan ofreciendo «una imagen nítida y fiable» de España como un país abierto y «orgulloso de su Historia», que cree en Europa y en un orden internacional basado en reglas, y también ha incidido en la necesidad de defender la democracia a diario.

El monarca ha reconocido que «la comunidad internacional afronta grandes desafíos de seguridad, con guerras o conflictos» y otros «de no menor calado, como la pobreza extrema, el hambre, la emergencia climática, la desinformación -muchas veces desbordante y de difícil corrección- o el cuestionamiento de la democracia como forma de gobierno, incluso donde parecía fuertemente arraigada». Frente a ello, ha reiterado que «los desafíos globales exigen respuestas globales» y ha sostenido que «ha de ser posible la búsqueda del bien común también en el vasto y convulso espacio de las relaciones internacionales; y compatible con el legítimo interés nacional o de bloques».

El Rey ha subrayado que todo está cambiando «en un marco de aceleración de la historia: desde la naturaleza de las amenazas y la dimensión de los actores no estatales, hasta la función de los medios o el papel de las redes sociales en la configuración de la opinión pública». También cambian, ha añadido, «las prioridades en la agenda, con la necesidad de acordar marcos regulatorios para ámbitos como la ciberseguridad» o la inteligencia artificial, que es «un salto exponencial, a priori en positivo, para la prestación de tantos servicios, pero que nos expone a riesgos no menores que haríamos mal en ignorar».