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ELECCIONES | CUENTA ATRÁS

Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 49 días: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está»

La Asociación de Fiscales calificó sus declaraciones de inaceptables

Pedro Sánchez protagonizó el 6 de noviembre de 2019 una de sus declaraciones más polémicas sobre la independencia de la Justicia al dar a entender que el Gobierno podía dirigir la actuación de la Fiscalía. Lo hizo durante una entrevista en Radio Nacional de España, apenas cuatro días antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, cuando intentaba justificar su promesa electoral de conseguir que Carles Puigdemont regresara a España para responder ante los tribunales.

El entonces presidente del Gobierno en funciones había asegurado durante un debate electoral que lograría traer al expresidente catalán, que permanecía en Bélgica. Preguntado por el periodista Íñigo Alfonso sobre cómo pretendía cumplir aquella promesa, Sánchez respondió con una pregunta que provocó una inmediata controversia: «¿La Fiscalía de quién depende?». Cuando el entrevistador señaló al Gobierno, el dirigente socialista zanjó la cuestión con un contundente: «Pues ya está».

Sus palabras desataron las críticas de las asociaciones de fiscales, que tuvieron que recordar públicamente al presidente que el Ministerio Público no recibe órdenes del Ejecutivo. La Asociación de Fiscales calificó sus declaraciones de inaceptables y denunció que generaban confusión entre los ciudadanos sobre el funcionamiento de una institución que debe actuar conforme a la legalidad.

La polémica afectaba directamente a un principio esencial del Estado de derecho: la autonomía de la Fiscalía frente al poder político. Aunque el Gobierno interviene en el nombramiento del fiscal general del Estado, eso no significa que pueda ordenar a los fiscales cómo actuar en procedimientos judiciales concretos.

El episodio también puso de manifiesto la controversia de convertir en una promesa electoral el regreso de Puigdemont, una cuestión sometida a decisiones judiciales españolas y belgas, y no exclusivamente a la voluntad del presidente.

Ante las críticas, Sánchez intentó matizar sus declaraciones horas después. Al día siguiente reconoció que no había sido preciso y admitió que la Fiscalía es autónoma. Sin embargo, aquella rectificación no evitó que sus palabras quedaran como uno de los episodios más controvertidos de su primera etapa en La Moncloa.

La frase adquirió una dimensión política todavía mayor cuando, apenas dos meses después, Sánchez propuso como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, que hasta entonces había sido ministra de Justicia de su Gobierno. Su nombramiento provocó nuevas críticas de quienes cuestionaban la separación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.

La secuencia de acontecimientos alimentó un debate que ha acompañado al Gobierno socialista durante años: ¿hasta qué punto puede garantizarse la apariencia de autonomía de la Fiscalía cuando el presidente presume públicamente de su influencia sobre ella y posteriormente propone para dirigirla a una integrante de su propio Consejo de Ministros?