La pugna por la presidencia: Junqueras juega a ser el ‘etarra Yoldi’ y Puigdemont el ‘falso enfermo’

La estrategia de alto contenido simbólico (cárcel y falso exilio) que tanto de Oriol Junqueras como Carles Puigdemont pusieron en marcha para hacerse con la hegemonía del independentismo el 21-D se está revelando un auténtico problema a la hora de trasladar al Parlament el reparto de fuerzas alcanzado en las urnas. De ahí que los equipos de los dos candidatos que se disputan la presidencia de la Generalitat estén analizando hasta el último detalle los resquicios legales que pueden amparar sus pretensiones.

Tanto ERC como JxCAT han encontrado los precedentes y argumentos jurídicos que avalan sus pretensiones: salir de la cárcel para participar en la investidura en el caso de Junqueras y someterse a una investidura no presencial en el caso de Puigdemont.

El precedente en el que se apoya Junqueras se remonta a febrero de 1987. Herri Batasuna presentó como candidato a lehendakari a Juan Carlos Yoldi, que había sido elegido diputado por Guipúzcoa pese a estar como preso preventivo acusado de pertenecer a ETA. La Audiencia autorizó su salida de la cárcel de Herrera de la Mancha bajo custodia con el argumento de que no se podía privar a Yoldi de sus derechos políticos, ni a quienes le habían votado, sin una condena firme.

Junqueras quiere ser Yoldi

Bajo vigilancia policial en todo momento, Yoldi pudo pronunciar su discurso de investidura, participar en el debate, reclamar el derecho de autodeterminación del País Vasco y reivindicar su condición de preso político. Fue derrotado por José Antonio Ardanza y el etarra volvió a prisión.

El juez Pablo Llarena ha citado a Junqueras el próximo 4 de enero para la vista en la que decidirá si levanta o no la prisión preventiva que pesa sobre el golpista republicano. En el caso de que el magistrado decida mantenerlo en la cárcel, Junqueras tendrá a mano apelar al precedente del etarra Yoldi para participar en el debate de investidura. Entiende el candidato republicano que su presencia física en el Parlament es una baza frente a la ausencia de su rival.

Una enfermedad falsa, treta de Puigdemont

Sin embargo, también Puigdemont ha encontrado argumentos jurídicos para sostener la viabilidad de una investidura no presencial que le evite tener que regresar a España bajo la amenaza de cárcel inmediata. Se los ha proporcionado Marcel Mateu, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Según Mateu, una interpretación del reglamento del Parlament favorable al ejercicio de los derechos políticos (como -a su juicio- establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) habilita a Puigdemont no solo a presentar su programa de investidura por escrito, por boca de otro diputado o incluso por videoconferencia, sino también a poder votarlo mediante delegación.

Y lo explica así: “Los supuestos en los que se permite la delegación están tasados ​​por el reglamento (aunque los debe terminar de delimitar la mesa) y, además de la baja por maternidad o paternidad, sólo son la hospitalización, la enfermedad grave y la incapacidad prolongada debidamente acreditadas. Pero como posibilidad, no se puede descartar que el mismo día de la sesión de investidura o el día antes llegara a la mesa del parlamento un certificado médico de la hospitalización de Puigdemont. Cosas más insólitas hemos visto estos últimos tiempos…”.

La mayoría independentista surgida del 21-D está condicionada por la cárcel y la fuga de ocho diputados electos. No existe problema legal alguno para tomar posesión del acta de diputado desde la celda o desde Bruselas. El obstáculo reside en el voto el día de la investidura, donde el bloque por la secesión no puede permitirse el lujo de prescindir de ocho votos menos.

El precedente de Yoldi permitiría el voto a Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquín Forn, los tres en prisión. La enfermedad ‘inesperada’, el de Puigdemont y cualquiera de los cuatro exconsellers fugados que se viera atacado por el virus oportuno que sugiere el catedrático de la UOC, si es que antes alguno o varios de ellos no han renunciado a su acta para que la lista corra y lleguen al Parlament electos sin taras procesales.