PSOE y PSC pactan una «oferta política para Cataluña» basada en recuperar el Estatut inconstitucional
El PSOE y el PSC han acordado proponer una «oferta política» para Cataluña con el fin de evitar el «choque de trenes» del 1 de octubre, en un plan de actuación conjunto que incluye iniciar los trabajos para una reforma federal que reconozca las «aspiraciones nacionales» de la comunidad catalana. Y todo parte de recuperar el Estatuto incluso en las partes que fueron declaradas inconstitucionales.
Este viernes, víspera de la proclamación del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como candidato a la presidencia de la Generalitat, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el propio Iceta plasmarán dicho acuerdo en una reunión de trabajo de las ejecutivas de ambos partidos en Barcelona, de la que saldrán las propuestas que los socialistas presentarán al resto de partidos.
Según han avanzado fuentes socialistas, el texto arranca con una declaración en la que se reivindica el Estatut «votado en referéndum por la ciudadanía catalana», y se lamenta que «la frontal oposición del PP a este Estatuto acabó por desbaratar el intento de renovar el pacto de los años 1978 y 1979».
En el documento se incide en que «para superar el enfrentamiento es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que debe culminar en una reforma federal».
«Nuestro sentido institucional», prosigue, «nos lleva a emplazar a todas las fuerzas políticas a superar la actual falta de diálogo y de propuestas y manifestar públicamente un proyecto serio, riguroso y de carácter institucional con tres objetivos concretos que desarrollaremos en permanente búsqueda de amplios acuerdos políticos e institucionales».
El primero de esos tres objetivos es, señala el texto socialista, «realizar una oferta política para que, en beneficio de todos los catalanes y catalanas, el choque de trenes del próximo 1 de octubre no se produzca», en relación al referéndum de independencia que la Generalitat ha anunciado para esa fecha.
Los otros objetivos, añade, son «implementar iniciativas parlamentarias para desbloquear los más de cinco años de discriminación del Ejecutivo central a Cataluña», además de «iniciar los trabajos para una reforma federal de la Constitución española que nos una de nuevo a todos».
Esta oferta política se concreta en la «negociación de las demandas planteadas por la Generalitat», en relación al listado de 46 reivindicaciones que el presidente catalán, Carles Puigdemont, trasladó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
«Salvo la demanda relativa al referéndum, los socialistas vemos posibilidades de diálogo y acuerdo, y ante la falta de voluntad de ambos gobiernos, plantearemos iniciativas concretas», apunta.
Los socialistas proponen además el «desarrollo» del Estatut, con la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; o la presentación de una proposición de ley en las Cortes Generales que «contemple la necesidad de un acuerdo previo con los gobiernos autonómicos para las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales».
También propondrán abordar la negociación del sistema de financiación autonómica: «Vamos a impulsar, a través de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una mesa de negociación política que busque el acuerdo sobre un sistema de financiación más justo y equitativo».
Asimismo, se plantea el reconocimiento de la lengua, cultura y símbolos de Cataluña, mediante la aprobación de una proposición de ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España; y «culminar» el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado.
Sobre la reforma federal de la Constitución, PSOE y PSC dejan claro que «deberá contemplar, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, al menos cuatro grandes cuestiones».
Esas cuestiones son «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña; unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat; un acuerdo sobre la financiación autonómica para dotar de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas; y el establecimiento de un Senado federal».
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