Los proetarras ponen en la diana al juez Velasco por el macrojuicio contra los abogados de sus presos

El entorno etarra se moviliza en contra de la Audiencia Nacional y el juez Eloy Velasco y convoca una manifestación, el próximo 14 de septiembre en Bilbao, para «responder con la gente y en la calle» a la macrocausa que dirige el magistrado y que arrancará un día después en Madrid para enjuiciar a los abogados de presos de ETA acusados, en 2016, de integración en organización terrorista, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 601 años de prisión.

Un total de 47 personas, procesadas como responsables del llamado frente jurídico de ETA, ‘Halboka’, fueron detenidas en el marco de una operación policial que arrancaba en 2013, coordinada por la Audiencia Nacional, y que culminó en enero de 2015 con el ingreso en prisión provisional de 4 miembros de la asociación ‘Herrira’, de apoyo a terroristas encarcelados; y un total de 12 abogados, entre los que se encontraba la cabecilla de la organización, la abogada Arantza Zulueta. Para esta última, la Fiscalía solicita una condena de 19 años de cárcel.

Ahora, los círculos más activos del ambiente abertzale, lanzan un llamamiento a sus afines para lograr que la manifestación «tenga un gran respaldo» y para la que anuncian diferentes iniciativas -publicitadas a través de las diferentes plataformas de familiares de presos- entre las que están «elaborando un manifiesto» que tratará de desvirtuar la acción de la justicia española, en su actuación contra el terrorismo de ETA y sus filiales.

Los promotores del escrache ya han habilitado una página web donde se invita a localizar información sobre el juicio, «diferentes soportes para la campaña», así como una pasarela de donativos para colaborar en «sufragar los gastos» de un proceso judicial que «pretende criminalizar la solidaridad a favor de los presos y huidos vascos y sus familiares».

En la misma se refieren a la figura del juez Velasco como responsable de «golpearnos» con «operaciones policiales diseñadas en las cloacas del Estado». Operaciones que los proetarras afirman que tenían «como objetivo perpetuar el conflicto, abriendo nuevas heridas, creando más sufrimiento» y «provocado graves consecuencias».

Para acto seguido, asegurar que se «ratifican» en todo lo hecho y «en la vigencia de las reivindicaciones que desarrollamos». Algunas de las cuales pasan por la «vuelta a casa» de los terroristas fugados de la Justicia española y la conmutación de penas para algunos de los presos.

La ‘Operación Jaque’

El juez Eloy Velasco procesaba, en 2016, a un total de 47 personas por formar parte del denominado ‘frente makos’, un grupo organizado que bajo el paraguas de asociaciones próximas al entorno terrorista, contribuían a mantener a los presos etarras bajo la estructura y disciplina de la banda armada.

Miembros de varias entidades como ‘Herrira’, de apoyo a presos; el de familiares, ‘Etxerat’; la asociación de asistencia sanitaria ‘Jaiki Hadi’; o el  colectivo de abogados BL, entre los que se encontraba la abogada Arantza Zulueta, fueron acusados por su pertenencia a una trama de apoyo a terroristas encarcelados. Velasco atribuía a Zulueta el liderazgo del grupo de letrados encargado de la asistencia jurídica y política de los presos de ETA, vía por la que se articulaba el contacto permanente con los mismos.

Además, este método sistematizado de visitas carcelarias al amparo de la representación procesal de los reclusos, les permitía recopilar información sobre éstos que después trasladaban a la cúpula de la banda. De todo ello, quedaban excluidos los «arrepentidos» que asumían la legalidad penitenciaria tras acogerse a la vía Nanclares.

Zulueta y otros siete de los detenidos, incluido el también abogado Jon Enparantza, ingresaron en prisión por estos hechos en enero de 2014 y posteriormente, en 2015, el resto de los acusados que serán juzgados en la Audiencia Nacional a partir del próximo mes de septiembre. Entre ellos, el exsenador de EH Bildu Iñaki Goioaga que, inicialmente procesado por el Tribunal Supremo en su calidad de aforado, pasó a incorporarse a la causa de la Audiencia Nacional una vez hubo perdido la condición de inmunidad que le proporcionaba su escaño.