El presidente del Tribunal Superior del País Vasco afirma que quienes practicaron la violencia «no se han hecho demócratas»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, afirma que quienes «practicaron la violencia con fines políticos no se han hecho demócratas» y se ha visto en los ataques a sedes de partidos durante las últimas semanas, que «son graves y causan dolor», pero «anecdóticos», porque no definen la situación actual.

En una entrevista con Efe, Ibarra ha reflexionado sobre sus 32 años en la carrera judicial y, en concreto, sobre la última década que ha estado liderando el TSJPV, de la que ha valorado el final de la amenaza terrorista de ETA, el «restablecimiento de las relaciones» de ese tribunal con el resto de institucionales vascas y el reconocimiento de la justicia del País Vasco como «algo nuestro».

Ibarra sustituyó en la presidencia del TSJPV a Fernando Ruiz-Piñeiro, bajo cuyo mandato se juzgó al entonces lehendakari Juan José Ibarretxe y al que fuera líder de los socialistas vascos Patxi López, por reunirse con Batasuna, en un proceso que terminó con la absolución de todos los encausados, así como se celebró el juicio por desobediencia a la Mesa del Parlamento presidida por Juan María Atutxa, por negarse a disolver al grupo de la izquierda abertzale en la Cámara. Ambos procesos provocaron una fractura entre la Administración de Justicia y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma.

Ibarra ha tratado de curar esa herida. Según ha analizado, «había que buscar el lugar que le correspondía a la Justicia en ese sistema institucional vasco, que no era obvio». Según ha detallado, para cambiar ese clima ha mimado su relación con el Gobierno Vasco y ha acudido a visitar al lehendakari cada año, al tiempo que Iñigo Urkullu ha participado en los actos de apertura del Año Judicial. Además, Ibarra ha presentado la memoria de la actividad judicial del País Vasco en el Parlamento cada ejercicio y ha acudido a dar cuenta «tantas veces me han llamado, con muchísimo gusto». «Hoy esas relaciones son muy fluidas», ha asegurado satisfecho.

Además, «las condiciones para el ejercicio de la jurisdicción han mejorado desde que ETA abandonó la actividad terrorista». Los jueces ya no están «sometidos a la presión» de esa banda «que definía a los jueces como enemigos existenciales» y «cifraba su existencia a la desaparición del poder judicial».

Ataques a las sedes

«Pero no quiere decir que quienes practicaron la violencia como instrumento de acción política se hayan hecho demócratas, porque no es verdad», ha asegurado.

«Lo hemos visto en los atentados a las sedes de los partidos políticos» ocurridos en estas últimas semanas por parte del movimiento de apoyo a los presos ATA, pero «es anecdótico» ya que «no define la situación en esta comunidad autónoma» en el ámbito social y político. «Es grave, pero no deja de ser coyuntural y tiene tintes patéticos» aunque «haga mucho daño y cause dolor a las personas objetos de esas acciones», ha sentenciado.

El tercer gran cambio durante su mandato es la consideración de la Administración de Justicia en el País Vasco «como algo nuestro». Ha destacado el esfuerzo de jueces, fiscales y toda la plantilla de funcionarios para que dejara de percibirse como una institución del Estado «ajena» a esta sociedad, y que ahora se reconozca la labor de los 234 jueces y magistrados que ejercen en esta comunidad.

Ha valorado que «en los últimos tres meses se ha avanzado más que en los últimos cinco años» en cuanto a la infraestructura informática y las conexiones tecnológicas para tratar de superar la paralización de la actividad de los juzgados debido a la pandemia.

Se han aprobado tres proyectos para posibilitar el teletrabajo, los juicios telemáticos y sobre el sistema de gestión procesal, que deberá afrontar en su mandato quien le releve al frente del TSJV, inicialmente la magistrada de la Sala de lo social, Garbiñe Biurrun, desde que Ibarra se jubile el 21 de junio y después, «más bien en septiembre», quién salga elegido por el CGPJ de entre los candidatos que se presenten para ese cargo.

Sobre la Justicia en España ha avisado de la necesidad de propiciar «un gran pacto de Estado para acometer la reforma integral del servicio público de la Justicia», si bien lo ha reconocido «difícil». Ese cambio debe afrontarse «desde el punto de vista organizativo pero sobre todo cultural, pensando en una justicia de calidad que debe ser más moderna y con unos jueces más conscientes del sistema de justicia europeo del que forman parte».