El PP recurre el decreto de los fondos UE ante el Constitucional, como adelantó OKDIARIO

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 13/02/2021 20:18
  • Actualizado: 13/02/2021 20:18

El Partido Popular ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la convalidación del decreto de los fondos europeos «sin el informe preceptivo del Consejo de Estado», tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 7 de febrero.

La formación de Pablo Casado ha explicado en un comunicado emitido este sábado que esta presentación se produce después de la «negativa» del Gobierno a remitir dicho informe y el rechazo de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, a abordar esta cuestión de urgencia y a solicitar una copia del mismo. Tanto Batet como el Gobierno de Pedro Sánchez alegan, en cambio, que el informe «no era preceptivo» solicitarlo por parte de Moncloa.

Sobre esta disparidad de criterios, el PP precisa que conforme al artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, «cabía emitir informe preceptivamente» por el mismo al dictarse el Real Decreto-ley 36/2020 en parte de su contenido como reglamento dictado «en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones», como requiere el órgano consultivo, concretamente, «modificando la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación», defiende el PP.

Los populares señalan que si bien «ni la Ley del Gobierno de 1997 ni la Ley Orgánica del Consejo de Estado establecen que sea preceptivo con carácter general que el Gobierno solicite el dictamen del Consejo de Estado respecto de los decretos-leyes, una vez que consta que el mismo ha sido emitido, pasa a formar parte del expediente normativo». «Y es por ello, que el Gobierno debió remitirlo al Congreso de los Diputados a fin de que los diputados cuenten con toda la información necesaria para formar su voluntad antes de emitir su voto», apuntan.

«Harto impeditiva»

En su recurso, el PP recuerda que esta «ocultación» imposibilitó que el Congreso de los Diputados pudiera expresar su voluntad conociendo «todos y cada uno» de los elementos a tener en consideración. De este modo, al reservarse el dictamen únicamente para conocimiento del Ejecutivo, se cometió, en opinión de los populares, «una actuación harto impeditiva del ejercicio pleno de la función legislativa», reza en el escrito. Desde Ciudadanos se ha deslizado que el informe del Consejo de Estado es «demoledor» contra los intereses del Gobierno sobre el reparto de los fondos.

El PP relata también que su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, solicitó a la presidenta de la Cámara baja, a través de una batería de iniciativas, una reunión urgente y extraordinaria de la Mesa en la que se acordara dirigirse al Gobierno para que remitiera dicho dictamen a la Cámara. Sin embargo, la socialista Batet rechazó por carta tal convocatoria urgente y extraordinaria. Y el pasado martes, en la reunión ordinaria, la Mesa, controlada por PSOE y Podemos, volvió a denegar la solicitud del PP, que ha tenido que recurrir al trámite habitual de solicitud de documentos al Gobierno vía reglamento de la Cámara. El plazo aquí de recepción es de un mes, según fuentes parlamentarias. Vox y Ciudadanos también lo han solicitado.

Asimismo, el PP requirió a  los servicios jurídicos emitieran un informe sobre la validez de dicho decreto de fondos UE y si pudiera ser objeto de nulidad, así como reiterar al presidente del Gobierno sus obligaciones constitucionales, entre ellas remitir al Parlamento los expedientes de elaboración de las normas completos. «Si el Tribunal Constitucional reconoce la petición de amparo solicitada por el PP se daría marcha atrás en la tramitación. Las consecuencias de la vulneración se fijarán en la sentencia y lo normal es retrotraerse al momento en que se ha vulnerado el derecho», ha advertido el PP.

En el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, consultado por OKDIARIO, los populares sostiene que el dictamen del Consejo de Estado respecto a los fondos UE tiene una «importancia doble», ya que «no sólo era necesario su remisión para procederse al debate y votación sobre la convalidación del Real DecretoLey 36/2020 mediante un voto informado, sino que, también, se procede a acordar la tramitación del referido Real Decreto-Ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, para lo que se requiere por expresa solicitud constitucional (artículo 88), la remisión por parte del Gobierno de todos aquellos antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el mismo, permitiendo al Congreso su estudio para llevar a cabo el ejercicio de su función legislativa de forma plena».

En este punto, los populares denuncian que «a pesar de la elevada relevancia de la que se ve impregnado este dictamen del Consejo de Estado», el mismo quedó «reservado únicamente para conocimiento del Gobierno, actuación harto impeditiva del ejercicio pleno de la función legislativa», subraya el recurso de los de Casado ante el TC.

70.000 millones

Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez quería un texto que le permitiese repartir sin control los 70.000 millones procedentes de los fondos Covid de la UE. Así, elaboró el citado Real Decreto-Ley y logró aprobarlo en el Parlamento con el apoyo de Bildu y la abstención de Vox. Pero en su afán por eludir los controles llegó al punto de no presentar el informe del Consejo de Estado.

El recurso de los populares ante el Tribunal Constitucional, agotada la vía administrativa tras el último rechazo de la Mesa, recalca que «la falta de conocimiento del informe dictado por el Consejo de Estado imposibilita que la Cámara pueda expresar su voluntad conociendo todos y cada uno de los elementos a tener en consideración, privándoles de la información necesaria para formarse una opinión completa sobre la cuestión».

Casado denunció en el último Pleno que esta «ocultación» no se había producido nunca antes, y en este sentido, los populares se preocupan por que «el vicio producido puede extenderse a normas futuras». «La general repercusión política principal, tiene su mayor afección en el perjuicio que se producirá a los representantes parlamentarios si el criterio seguido por la Mesa, de no amparar a los Diputados en su petición de que se requiera al Gobierno su solicitud de Dictamen, se constituye como criterio general», añade el escrito.