El PP lleva a la votación del pleno del Congreso la dimisión de la ministra Delgado

La votación se calcula para la semana del 9 de octubre, precisamente cuando la ministra tiene previsto comparecer el día 10 en la Comisión de Justicia para explicar sus vínculos con el excomisario José Manuel Villarejo tras la difusión de grabaciones de un encuentro en el que ambos participaron.

Insultos a los jueces

Según argumenta el PP, en esas grabaciones la entonces fiscal y hoy ministra hizo afirmaciones «que suponen un grave daño a la reputación de jueces y fiscales», «ha insultado gravemente y con desprecio a magistrados» llamándoles ‘nenaza’ y ‘maricón’, y ha tenido conocimiento de actividades ilegales sin que conste que haya emprendido ninguna actuación de oficio.

Le reprocha también su inacción ante lo que interpreta como una «injerencia clamorosa» del Gobierno en competencias del Poder Judicial: «No ha desautorizado a la delegada del Gobierno en Cataluña que defendió el indulto de unas personas investigadas por la presunta comisión de delitos gravísimos y tampoco a la Vicepresidenta del Gobierno cuando puso en duda o criticó la prisión preventiva dictada por el instructor», se queja.

Dimisión o cese

En resumen, el PP sentencia que Delgado no pyede seguir en el cargo por «su gravísima actuación, faltando a la verdad de manera reiterada, tanto en sede parlamentaria como a los medios de comunicación, sus continuas rectificaciones sobre las escandalosas conversaciones conocidas a través de los medios de comunicación, así como su falta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones como titular del Ministerio de Justicia».

«Es insostenible que una ministra a la que no le importa la Justicia, que ha mentido una y otra vez, pueda seguir al frente del Ministerio ‘denigrando’ a la justicia española, como ya denuncian los jueces. Y, tras un periodo tan estéril en el desempeño de su cargo, el único servicio que puede prestar a España es presentar su dimisión –sentencia el PP–. Y si la ministra no está a la altura, es el presidente que la designó quien tiene que darse por aludido ante esta petición del Congreso».