Los policías alertan del «efecto llamada» tras la campaña de Justicia sobre los antecedentes penales

• Luis Miguel Montero @Luismimontero
• Periodista de Investigación en OKDIARIO.
• • 14/06/2022 06:46
  • Actualizado: 14/06/2022 08:55

Policías y guardias civiles están preocupados y alarmados en plena ola migratoria, tras conocer que  el Ministerio de Justicia español ha puesto en marcha una campaña para informar a los extranjeros sobre cómo cancelar sus antecedentes penales para «obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia». Lo ha hecho en forma de un tutorial en vídeo, que ha despertado tanto las críticas de los ciudadanos como de los encargados de velar por la seguridad de los españoles. El miedo que se tiene es que esto suponga un nuevo «efecto llamada» a la inmigración ilegal. Hay que recordar que el CNI ha advertido de que en las costas argelinas se acumulan hasta 10.000 inmigrantes dispuestos a dar el salto a Europa vía España.

El problema para policías y guardias civiles no es que esto se pueda hacer, «porque los delincuentes conocen todas las triquiñuelas de la Ley y saben cuándo y cómo cancelar sus antecedentes», explica un veterano policía, sino la «publicidad» que ahora se hace de esta posibilidad que ya existía y que puede provocar un temido «efecto llamada» a la inmigración ilegal y la llegada de pateras a lugares como, por ejemplo, «las Islas Baleares, que en plena temporada turística no están preparados para luchar contra esto».

En algo menos de tres minutos, el vídeo de Justicia explica de forma pormenorizada todos y cada uno de los pasos que hay que seguir para que, una vez se ha extinguido la responsabilidad penal del delito que se cometió y se hayan completado determinados plazos de tiempo, la persona pueda solicitar el borrado de ese pasado delictivo para obtener la nacionalidad española o renovar el permiso de residencia en nuestro país. Cancelar los antecedentes penales es perfectamente legal en nuestro país, el problema es que esos datos también desaparecen de las bases de datos policiales cuando se solicita lo que supone, a efectos prácticos, un problema policial, ya que quita una herramienta a los agentes cuando investigan presuntos delitos, la medida «invisibiliza» o «camufla» en un amplio espectro de población a quienes ya hayan sido condenados por cometer un delito.

La Ley dispone que actualmente en España los antecedentes se pueden cancelar una vez transcurrido los plazos previstos de seis meses para las penas leves, dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años y diez años para las penas graves. El momento a partir del cual comienza a contar el plazo para solicitar los antecedentes es desde el cumplimiento íntegro de la pena. Para hacerlo es necesario acceder al Registro Central de Penados y Rebeldes del ministerio de Justicia y para cancelar los policiales hay que acudir a comisaría, tal y como antes.

«Esto ya se venía haciendo de manera regular, muchas veces los delincuentes asesorados por sus propios abogados lo hacen, ya que les advierten de los plazos para hacerlo. Lo que nos parece triste es que el Ministerio haga publicidad de esto porque va a llegar hasta gente que no cancelaba sus antecedentes por dejadez o porque no se habían enterado hasta ahora de cómo hacerlo y con esto supongo que lo harán», explica Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil, asociación profesional de la Guardia Civil.

Alfredo Perdiguero, del sindicato policial ASP, explica que «habrá que preguntar por qué se hace ahora el anuncio de una medida que ya se hacía de manera regular desde hace años. ¿Qué trasfondo u oscuros intereses puede haber detrás de este anuncio? Es una vergüenza que a cuatro días de las elecciones andaluzas salgan ahora con esto y más con 10.000 pateras esperando en Argelia según ha alertado el CNI».

El Ministerio de Justicia de Pilar Llop explica en la descripción del vídeo que ha implementado un proceso de robotización que realiza la cancelación automatizada de los antecedentes penales de aquellas personas condenadas que han extinguido su responsabilidad penal. Es decir, que ahora no hará falta solicitarlo formalmente al ministerio de Justicia. El departamento de Llop celebra que gracias a esa «robotización» en el año 2021 casi un cuarto de millón de personas han visto su historial penal limpio «sin tener que solicitarlo o esperar más tiempo del necesario», de tal manera que se ha podido «agilizar» cualquiera de las gestiones para las que se requiere estar en posesión de un certificado de antecedentes penales negativo, como es el caso de la obtención de la nacionalidad española. El certificado también cancela antecedentes penales relacionados con delitos sexuales, lo que significa que cualquiera que haya cumplido una pena hace diez años puede volver a trabajar en entornos donde se pida estar limpio de estos antecedentes.

«Verano caliente»

Mientras el Gobierno hace esta llamada a que los extranjeros limpien sus antecedentes para solicitar la nacionalidad española, los policías nacionales alertan de un «verano caliente» en materia de inmigración ilegal por la insuficiencia de los refuerzos en las fronteras sur de nuestro país y alertan de que los puntos calientes se han movido al norte, sobre todo a la costa este de Andalucía, a Murcia, Alicante y Baleares, donde se esperan la llegada de pateras con el buen tiempo.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) «volvemos a denunciar la falta de protocolos, personal, medios materiales e instalaciones, para hacer frente a la nueva ola de inmigración ilegal que, como cada verano, llega a nuestras costas. La carencia de efectivos es tal, que en Cartagena seis policías se han tenido que ocupar de desembarcar a 500 inmigrantes. En Lanzarote, como en otros muchos lugares, las patrullas se ven obligadas a dejar sus tareas de seguridad ciudadana para atender la llegada de pateras, en detrimento del ciudadano. Se está convirtiendo en costumbre, algo tan irregular como que dos policías se encarguen de custodiar a 150 inmigrantes durante horas».

Los medios materiales son insuficientes, los vehículos son escasos y obsoletos, y las instalaciones están sin terminar o no existen. Por ejemplo, «el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Baleares sigue en obras desde el pasado invierno, se improvisa el realojo de inmigrantes en condiciones penosas para ellos, y para los policías que trabajan con estas personas. El CATE de Cartagena sí está terminado, pero permanece cerrado por las disputas entre administraciones. Otros centros funcionan, pero al límite de sus posibilidades por culpa del déficit de personal», añaden desde el SUP.